Un buen paso

Un grave error de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso fue haber cedido – incluso retrocedido – ante el chantaje político: sentarse a negociar en plano de igualdad con actores que, amparados en una causa social, ejercieron bloqueos, actos delictivos y violencia para forzar cogobiernos de facto. Lo cual, y la insensata amnistía de la Asamblea de marzo del 2022, constituyeron precedentes que debilitaron la democracia y dieron alas al infractor.

Daniel Noboa, con errores y aciertos, consiguió algo inédito en décadas: que el movimiento indígena y de manera particular la CONAIE diera su brazo a torcer y cesara el paro sin un acuerdo nacional firmado ni concesiones estructurales. Esta organización indígena, hasta hace poco “intocable”, se replegó cansada a sus comunidades con los bolsillos vacíos, aunque con el discurso de mantener la resistencia, según palabras del sucesor de Iza, Marlon Vargas Santi, líder de nacionalidad achuar.  Cabe anotar que Vargas utilizó la palabra “cesar” y no “terminar” el paro, lo cual denota detención o interrupción (potencialmente temporal). Ese matiz obliga a pensar en el día después: ¿cómo evitar que la chispa del levantamiento quede encendida? y que  la disminución del subsidio  sea ¿socialmente sostenible?

Las demandas más controversiales no pasaron. En cambio, según un post en X (22 oct) del presidente, habría una reducción escalonada del diésel (USD 2,78 desde el 15 de diciembre de 2025 y USD 2,70 desde el 15 de febrero de 2026). De darse,  sería un gesto táctico que buscaría bajar la temperatura sin reinstalar el subsidio, que distorsionaba precios, fomentaba contrabando y drenaba recursos públicos.

La autoridad usó la fuerza para abrir vías. Hubo excesos denunciados y también actos delictivos de parte de ciertos “manifestantes” en las protestas. Por eso, el equilibrio republicano exige dos líneas rojas: ni impunidad para quienes destruyeron bienes y agredieron personas, ni criminalización indiscriminada de comunidades y dirigentes. Justicia pronta, debida e individualizada es la condición para recomponer legitimidad y, con paciencia, cicatrizar el deteriorado tejido social.

El plan gubernamental de reactivación por USD 50 millones en las zonas más afectadas pudiera ser útil si se orienta a crédito productivo, alivios tributarios temporales, reparación de infraestructura y apoyo local. Convertirlo en “cheque” generalizado o clientelar sería un error que perpetúa el paternalismo,  desincentiva la responsabilidad y daría a pensar que la campaña habría iniciado, habida cuenta de que en pocas semanas se dará la Consulta Popular. Los daños y perjuicios deben ser cobrados a los responsables materiales y a quienes financiaron o dirigieron los actos violentos. La mecha de las reclamaciones  aún no se ha extinguido, la cual hay que apagarla inteligentemente y con sensibilidad social, a fin de evitar que el resentimiento convertido en venganza vuelva con más fuerza en otro momento o en  otro gobierno.  El país demanda unión y no más división; pero también requiere una democracia que no solo se consolide con autoridad, sino también con justicia y memoria.

Pero el desafío no termina con carreteras despejadas. La lección de fondo, es en el sentido de que gobernar no es transar bajo extrema presión, vandalismo y amenazas, sino construir reglas democráticas que sobrevivan al próximo bloqueo. Si el país logra consensuar una política de combustibles transparente; un protocolo de protesta que proteja derechos sin tolerar delitos; y una justicia que sancione a culpables y absuelva a inocentes, entonces este “buen paso” habrá sido el valioso comienzo de un cauce democrático donde la fuerza sea excepcional, la negociación sea pública y de recta intención, y la ley – en una democracia madura – la única cogobernante.-