Cartas a Quito / 16 de julio de 2025

¿Fomentando el turismo interno?

Entre las cosas verdaderamente inauditas que se dan en nuestro pequeño y pintoresco país nos asombra la forma como se fomenta el turismo interno de una manera forzosa  y hasta pensaríamos que, planificada

Resulta que para obtener el pasaporte (documento indispensable para los viajeros)  el  maltratado ciudadano tiene que trasladarse a  visitar otras provincias de manera obligatoria. Nunca entenderemos porqué este trámite no se lo realiza en la Capital de los ecuatorianos o en Guayaquil en donde deberían centrarse  todas estas gestiones.

¿Acaso esta es una taimada forma de fomentar el turismo interno dentro de los linderos patrios, siendo este un derecho que, como ecuatorianos nos asiste?

Ripley no lo creería… Hagamos prevalecer nuestros legítimos derechos  y no nos sintamos forzados a recorrer el país en busca de ciertos documentos con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero.

Fabiola Carrera Alemán

¿Qué es la castración química? ¿Qué dicen los Derechos humanos? ¿Qué dice la Corte Constitucional?

La castración química en un hombre, es un tratamiento médico que reduce significativamente los niveles de testosterona en el cuerpo mediante el uso de medicamentos, sin necesidad de realizar una cirugía. El objetivo es disminuir o suprimir el deseo sexual, y en algunos casos, modificar conductas agresivas o sexuales desviadas.

¿Cómo funciona? Se administra mediante: Inyecciones hormonales (por ejemplo, agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina – GnRH). Tabletas hormonales (menos comunes). Estos medicamentos bloquean la producción o acción de la testosterona, la principal hormona sexual masculina. No implica la extirpación de los testículos, y sus efectos pueden ser reversibles si se suspende el tratamiento. ¿En qué casos se utiliza? En distintos países, incluida la discusión en Ecuador, se ha propuesto o utilizado para: Tratamiento de agresores sexuales reincidentes, especialmente contra menores. Algunas veces, como parte del tratamiento médico de ciertos tipos de cáncer de próstata.

¿Es legal en Ecuador? Hasta la fecha (julio de 2025), en Ecuador no está vigente una ley que establezca la castración química como pena obligatoria. Sin embargo, se ha debatido en la Asamblea Nacional como una posible reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para delitos sexuales graves, especialmente abusos a menores.

Puntos polémicos: Derechos humanos: algunos sectores consideran que puede ser inconstitucional o violatorio de derechos fundamentales si se aplica como sanción obligatoria. Eficacia: se debate su efectividad en la prevención de delitos sexuales si no va acompañada de tratamiento psicológico. Voluntariedad: en algunos países, es aplicada voluntariamente como condición para reducción de penas o libertad condicional.

Aquí tienes un análisis jurídico‑penal de la actual propuesta legislativa sobre castración química en el marco del COIP (Código Orgánico Integral Penal) de Ecuador:

1. Propuesta actual.- El presidente Daniel Noboa envió el 11 de julio de 2025 a la Asamblea un proyecto de reforma constitucional que incorporaría la castración química (junto a prisión) para violadores. Asimismo, en enero de 2025, un grupo de asambleístas presentó una reforma para incluir castración química y prisión perpetua en casos de violación.

2. Vía legal exigida. Reforma constitucional. – Al tratarse de una medida que afecta derechos fundamentales (integridad física, sexualidad, proporcionalidad de la pena), debe tramitarse como reforma parcial de la Constitución y previamente ser calificada por la Corte Constitucional según el artículo 442 de la Constitución. Sin dictamen Corte Nacional, no puede modificarse el COIP en un arreglo coyuntural.

3. Conflicto con derechos e instrumentos internacionales.- Derechos constitucionales.- El artículo 66 garantiza la integridad física, psíquica, moral y sexual. Además, se prohíben tratos crueles, inhumanos o degradantes. Convención Americana sobre Derechos Humanos.- La castración química, si se impone compulsivamente, podría interpretarse como trato inhumano o degradante, violando tanto normas constitucionales como internacionales.

4. Proporcionalidad penal y dogmática.- El principio de proporcionalidad exige que las penas sean justas, necesarias y equilibradas respecto al delito cometido. Penas extremas como castración química difícilmente se justifican sin evidencia médica o criminológica sólida. Expertos advierten que hay escasa evidencia científica de que este tipo de sanciones reduzcan la reincidencia en violadores.

5. Jurisprudencia y doctrina penal.- En 2019, la propuesta de pena perpetua + castración química fue considerada “insostenible”, ya que requeriría reformar la Constitución por vulnerar el derecho a la integridad. Publicaciones especializadas han calificado la iniciativa como populismo penal, argumentando que prioriza sanciones drásticas sobre tratamientos preventivos o rehabilitadores  .

6. Conclusiones jurídicas.- Punto Evaluación.- Vía legal Requiere reforma constitucional y dictamen previo de la Corte Constitucional. Derechos constitucionales.- Altamente conflictiva con la prohibición de tratos degradantes y conservación de la integridad. Obligaciones internacionales.- Riesgo de violación a la Convención Americana y otros tratados ratificados por Ecuador. Proporcionalidad Su aplicación parece desproporcional y carente de respaldo médico‑científico. Viabilidad práctica.- Difícil de implementar sin reforma constitucional; el debate vuelve a conceptos de “populismo penal”  

7. Implicaciones legislativas y proceso. Dictamen de la Corte Constitucional: debe validar si la vía es la correcta y si no hay violación de principios. Debate amplio en Comisión de Justicia y en Pleno: integrando análisis de penalistas, instituciones de DD. HH., médicos forenses. Compliance internacional: ajuste para no violar tratados, o inclusión de cláusulas que permitan tratamientos voluntarios. Posible reforma constitucional: si no se cuenta con la mayoría necesaria en el COIP, sería necesario modificar la Constitución.

Resumen.- La castración química como sanción obligatoria para violadores en el COIP no es viable sin cumplir una vía constitucional rigurosa. El proyecto actual enfrenta obstáculos jurídicos fuertes por afectar derechos fundamentales y contravenir estándares internacionales. Se necesitaría respaldo científico robusto y el encuadre dentro de un enfoque de tratamiento integral del delito, no como medida punitiva aislada. Aquí tienes un análisis detallado con referencias normativas del COIP y la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional sobre la castración química y medidas afines en Ecuador:

1. Articulado del COIP.-  En el COIP actual no existe un artículo que prevea la castración química como sanción para delitos sexuales. Las penas se enfocan en privación de libertad (reclusión) y medidas de seguridad (como inhabilitaciones laborales o psicológicas). Cualquier reforma que incorpore castración química requeriría modificar diversas disposiciones: Principio de legalidad penal (art. 76 COIP): las penas deben estar previstas expresamente por la ley. Derecho a condiciones dignas en la prisión y prohibición de tratos crueles (art. 66.5 Constitución). La reforma propuesta actuaría como pena accesoria, pero carece de legitimidad sin una reforma constitucional previa que avale ese tipo de sanción no quirúrgica ni quirúrgica.

2. Jurisprudencia de la Corte Constitucional. a) Dictamen previo para reformas constitucionales. El Presidente envió el proyecto el 11 de julio de 2025 y la Corte Constitucional debe emitir dictamen conforme al art. 442 Constitución. Solo tras ese dictamen puede continuar el trámite legislativo. b) Protección de la integridad y dignidad. En el Dictamen 8-24‑RC/24, la Corte advirtió que reformas que afecten derechos fundamentales (como integridad física o rehabilitación) deben justificar por qué no se debilitan obligaciones estatales hacia privados de libertad. c) Derechos sexuales y reproductivos. En casos como 03‑18‑PJO‑CC, la Corte ha destacado el derecho a la integridad sexual y a la autodeterminación (arts. 66.3 y 66.9 Constitución). En el Caso 13‑18‑CN/21, se determinó que normas sobre consentimiento con menores no pueden ignorar los derechos de los adolescentes a decidir sobre su sexualidad. Estas sentencias reflejan una perspectiva de la Corte que blinda el derecho a la integridad sexual, incluso en contexto penal. d) Precedente sobre régimen de libertades. En diciembre de 2023, la CC validó que restricciones al régimen semiabierto a condenados por delitos graves son constitucionales, equiparando medidas penales con principios de seguridad jurídica.

3. Relevancia y barreras judiciales. Reforma constitucional obligatoria: sin dictamen favorable de la CC, no puede aprobarse. Integridad y dignidad: medidas obligatorias como castración química, ¡podrían ser consideradas tratos crueles! Según estándares de la CC. Proporcionalidad y adecuación: la Corte exige que restricciones a derechos sean necesarias, idóneas y proporcionales, basadas en evidencia científica y objetivo legítimo. Precedentes sólidos: la Corte exige claridad legal, protección a la rehabilitación y respeto a derechos íntimos, con una fuerte tendencia a limitar la intervención en la integridad corporal.

4. Conclusión.- El COIP requiere una reforma constitucional previa, avalada por un dictamen de la Corte Constitucional, para introducir la castración química como pena accesoria. La jurisprudencia actual posiciona a la Corte como una barrera jurídica, que prioriza los derechos a la integridad física y sexual, la dignidad y la seguridad jurídica. Cualquier intento de castración química como sanción obligatoria enfrentará objeciones de inconstitucionalidad y violación de estándares internacionales. Y el tiempo sigue su marcha..! 

Elio Roberto Ortega Icaza