El diálogo será la única salida posible para Imbabura
Written by danilo_3re2RJc on 10/17/2025
Este 17 de octubre de 2025, la paralización cumple 26 días desde que comenzó, y pese a que el Gobierno Nacional anunció un acuerdo con algunos dirigentes el pasado 15 de octubre, un sector de las comunidades indígenas y campesinas —principalmente de Otavalo y Cotacachi— mantiene el paro y rechaza cualquier acercamiento mientras no se derogue el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel.
Ese decreto, firmado el 12 de septiembre de 2025, fijó el precio del galón de diésel en 2,80 dólares hasta el 11 de diciembre, cuando comenzará un sistema de bandas que ajustará el costo según el precio internacional del petróleo.
El Gobierno, por medio de la vocera presidencial Carolina Jaramillo, ha insistido en que los recursos liberados por la eliminación del subsidio se destinarán a programas sociales y de apoyo productivo. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, la falta de comunicación efectiva y la desconfianza histórica entre el Estado y los sectores rurales ha hecho que la medida sea percibida como un golpe directo al bolsillo campesino.
En terreno, las consecuencias son visibles. Según datos de la Prefectura de Imbabura y gremios turísticos locales, las pérdidas acumuladas por el paro superan los 30 millones de dólares, y el sector estima que necesitará al menos seis meses para recuperar la actividad.
Durante el feriado del 9 al 12 de octubre, la Cámara de Turismo de Ibarra reportó ocupación hotelera nula y una caída del 80% en ventas. El impacto se extendió al comercio, al transporte y a los mercados locales, pilares de una provincia que vive en buena parte del turismo nacional e internacional.
A eso se suma un problema más delicado: la escasez de gas doméstico en varios cantones. En Otavalo, vecinos y comerciantes han denunciado que los bloqueos impiden el ingreso de camiones distribuidores y que algunos intermediarios han duplicado y triplicado los precios de los cilindros. Las autoridades locales han pedido liberar corredores humanitarios para permitir el paso de insumos básicos, pero el clima de desconfianza complica las soluciones.
La Cámara de Industrias de Quito estima que los bloqueos en Imbabura y Carchi generaron, solo en la primera semana, más de 42 millones de dólares en pérdidas logísticas y comerciales. Son cifras que reflejan cómo un conflicto territorial termina afectando al país entero, pues los corredores del norte son claves para el transporte de carga hacia Colombia y el puerto de Esmeraldas.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene su postura: no habrá marcha atrás con el Decreto 126. El presidente Daniel Noboa insiste en que Ecuador debe corregir distorsiones fiscales históricas y que los subsidios a los combustibles —que en 2024 superaron los 2 500 millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas— ya no son sostenibles.
La Conaie y las organizaciones aliadas, en cambio, aseguran que el costo de esa corrección recae en los sectores más vulnerables y exigen políticas compensatorias directas.
Más allá del debate económico, la provincia atraviesa una crisis social. La división interna entre los propios movimientos indígenas refleja la fragmentación política y la falta de interlocutores legítimos. Algunos dirigentes reconocen la necesidad de negociar; otros rechazan cualquier diálogo. En el centro, los ciudadanos, comerciantes, agricultores y transportistas que sienten que su cotidianidad está secuestrada por una disputa que parece no tener fin.
La historia reciente del Ecuador ha demostrado que las paralizaciones prolongadas no resuelven los conflictos de fondo. En 2019 y 2022, los paros dejaron pérdidas por más de 1 100 millones de dólares y fracturaron la convivencia nacional.
Hoy, Imbabura revive esos episodios, pero con una carga mayor: el cansancio de una población que ya no ve resultados concretos.
El diálogo, más que una opción, es una obligación democrática. Las posiciones extremas —del Gobierno, cuando reduce el problema a una cuestión de orden, y de los manifestantes, cuando justifican los bloqueos como única vía— son las que agravan la crisis. Una mesa con mediadores imparciales, como la Iglesia, las universidades o incluso organismos internacionales como la ONU, puede abrir un espacio de reconstrucción de confianza. Pero sin condiciones previas imposibles: el diálogo no puede ser un ultimátum.
El país necesita soluciones reales, no victorias simbólicas. Lo urgente es atender las necesidades de quienes hoy no tienen cómo cocinar, cómo vender o cómo producir. Las carreteras cerradas son también símbolos de un país que no se comunica.
Imbabura, tierra de diversidad y trabajo, no merece seguir paralizada. La salida no está en la fuerza ni en la obstinación, sino en la capacidad de entender que el diálogo no es debilidad, sino la expresión más madura de una democracia que busca mantenerse unida.
