Una urgente necesidad de paz con orden en Ecuador

El Ecuador se encuentra al borde de un precipicio. Las recientes protestas nacionales convocadas por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel se han transformado como en 2019 y 2022 en momentos de quiebre institucional, económico y social. Bloqueos de vías, enfrentamientos con fuerzas de seguridad, pérdidas millonarias, un fallecido, detenciones masivas, denuncias de violencia e inacción hacen evidente que el conflicto ha sobrepasado la capacidad del Estado para mediar con eficacia.

La reflexión, crítica, señala que libertad no debe confundirse con libertinaje; que el derecho a la protesta no autoriza derramamiento de sangre, daño al patrimonio público y privado, ni poner en riesgo la vida ni la seguridad ciudadana. Pero también, buena parte del análisis subyace en una visión del enemigo como homogenizado y conspirativo, lo que puede llevar a decisiones erradas si no se calibran consecuencias políticas, estructurales y sociales.

Para avanzar hacia una solución integral, que incluya “mano dura” en los casos documentados de delitos graves, pero también reformas profundas, diálogo estratégico, responsabilidad institucional, y claridad de reglas.

Hay, al menos, dos dimensiones: legal de orden público: Bloqueos de vías, destrucción de infraestructura, agresiones, instigación pública, presuntos actos de terrorismo y amenazas graves deben ser investigados y sancionados conforme a la ley. Es importante que la fiscalía imprima celeridad en la investigación de delitos como terrorismo con muerte, ataque, resistencia con muerte, asociación ilícita.  

En el parte político estructural, la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas de ajuste tienen efectos reales sobre transporte rural, precio de alimentos, costo de vida. Hay una deuda histórica de diálogo efectivo, de mecanismos institucionales, de participación que hayan sido percibidos como legítimos, de justicia indígena frente al Estado.

Ignorar cualquiera de las dos dimensiones garantizan que el conflicto se perpetúe aún más si viene respaldado por el SS XXI, los contrabandistas, la minería ilegal, o sea la delincuencia organizada,

Son necesarias sanciones claras y ejemplares para quienes incurran en delitos tipificados que atentan contra la vida, la integridad, la propiedad pública, el orden constitucional, Usar con rigor el COIP: los artículos que tipifican terrorismo (art. 366), instigación (art. 363), ataque con muerte, resistencia, asociación ilícita, destrucción de servicios públicos, etc.   

Asegurar debido proceso, evitar detenciones arbitrarias, respetar derechos humanos: fundamental para que la mano dura no se convierta en autoritarismo. Instituciones como la Fiscalía, los jueces, la Defensoría del Pueblo deben actuar con transparencia y verificación independiente. Que las sanciones vayan acompañadas de medidas diferenciadas: no todos los que marchan son violentos; distinguir líderes, organizadores, violentos y que se proteja a quienes son obligados a participar.

Aunque algunos actores rechazan el diálogo sobre principios (por ejemplo, “¿cómo dialogar después de asesinar?”, según declaraciones de líderes indígenas), sin diálogo no hay salida. Pero el diálogo debe organizarse con reglas que limiten zonas grises. Que el Gobierno presente un pliego de negociación claro: qué está dispuesto a derogar, qué coberturas sociales ofrecer, qué reformas institucionales propone.

Que las organizaciones indígenas acepten un compromiso de no violencia, de levantar bloqueos, de evitar daños al bien público, como condición para sentarse a dialogar. También hay que buscar interlocutores apropiados  para una mediación institucional: la Iglesia, universidades, organismos de derechos humanos y organismos internacionales pueden jugar el papel de garantes. Ya ha habido llamados de esas instituciones al diálogo.

Más allá de la tensión inmediata, se requieren cambios permanentes que reduzcan la recurrencia del conflicto Políticas de subsidios focalizados: evitar medidas que impacten de golpe a los más vulnerables del campo; compensaciones sociales para transporte rural, alimentos, etc. Mejorar la infraestructura y servicios en comunidades indígenas; asegurar que el Estado no sea percibido como distante, centralizado, defensivo.

Será necesario definir el alcance de la justicia indígena dentro del marco constitucional; sus competencias, límites y relaciones con la justicia ordinaria para evitar ambigüedades que sean aprovechadas para impunidad o corrupción como se dio con los soldados ecuatorianos. Al fin y al cabo todos viajamos con el pasaporte ecuatoriano.

Es necesario fortalecer instituciones y en tema de justicia donde se cree un cuerpo de jueces sin rostro que no puedan ser amenazados o chantajeados. Que la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el poder judicial tengan autonomía real para investigar abusos de cualesquiera partes. Que haya transparencia de las investigaciones; los informes públicos, el seguimiento ciudadano, medios de comunicación independientes y mecanismos de rendición de cuentas. La ciudadanía civil debe respaldar soluciones que combinen justicia y equidad, para que no se vuelva a repetir que “mano dura” se convierte en opresión sin control.

Ecuador necesita salir del círculo vicioso del conflicto: medidas de ajuste, respuesta social, paros, represión. Si bien la firmeza frente a los delitos graves es imprescindible, no basta. La solución debe combinar la aplicación efectiva de la ley, con diálogo genuino, reformas estructurales y fortalecimiento institucional. Solo así será posible distinguir entre libertad responsable y libertinaje, y sostener un país uno, indivisible y con justicia para todos.