CNEL y el apagón institucional

El gobierno hizo bien en intervenir a una empresa estratégica (CNEL),  donde según la versión oficial, habría operado durante años una red dedicada a manipular facturas, borrar deudas y convertir un servicio fundamental en un negocio clandestino particular. Si la denuncia se confirma judicialmente, no estaríamos ante una simple irregularidad administrativa, sino ante una forma sofisticada de aprovecharse de  una institución del Estado.

La energía eléctrica no es un lujo, sino una condición mínima de vida, trabajo, salud, seguridad y producción. Cuando se corrompe una empresa eléctrica, no se roba únicamente dinero público, se sustrae confianza, competitividad y sentido de justicia. Cada dólar perdido en una trama de facturación fraudulenta termina siendo pagado por el ciudadano que sí cumple, por el comerciante que sí cancela su planilla, por el hospital privado que paga puntualmente y por el Estado que luego no tiene recursos para servir mejor.

El acierto político del gobierno está en haber entendido que la corrupción no solo debe ser denunciada en discursos, sino enfrentada con determinación in situ con  el apoyo de Fiscalía, Policía e inteligencia. Un Estado que no se atreve a entrar en sus propias oficinas inundadas por la corrupción, termina pareciéndose a los habitantes de  una casa, en la cual,  todos saben que algo ocurre pero nadie quiere  entrar al cuarto oscuro.

Sin embargo, el verdadero desafío empieza después del allanamiento. El operativo produce impacto; la reconstrucción institucional exige limpieza, corrección y seguimiento. No basta con descubrir una red si no se explica cómo pudo sobrevivir tanto tiempo. No basta con exhibir funcionarios investigados si no se desmontan los soportes, incentivos, complicidades, vacíos tecnológicos y silencios jerárquicos que hicieron posible el abuso. La pregunta que debemos hacernos, no es solo quién robó, sino quién miró hacia otro lado y  cómo fue posible que aquello   durara  tanto tiempo.

Una red que, según el gobierno, habría operado por más de una década no puede entenderse como una infracción aislada de unos cuantos empleados. Para durar, la corrupción necesita rutinas, protectores, procedimientos manipulables y una cultura burocrática acostumbrada a convivir con lo delictual. La corrupción pequeña pide coima, pero  la grande diseña un sistema; así, la  primera se esconde en el cajón de un escritorio, mientras  la segunda necesita instalarse en el organigrama.

Por eso, el país debe cuidar que la necesaria acción oficial no se reduzca a un triunfo comunicacional. La justicia debe actuar con firmeza y objetividad hasta conseguir sentencias firmes.

El Ecuador ha vivido demasiadas veces el ciclo perverso de la corrupción, escándalos, titulares, operativos, promesas, indignación, cansancio y olvido. Luego el sistema se recompone, cambia de nombre y continúa. Romper ese ciclo exige algo más difícil que allanar, demanda  profesionalizar empresas públicas, blindar sistemas de facturación, auditar patrimonios incompatibles, proteger denunciantes, sancionar mandos negligentes y convertir la integridad en un  sistema permanente.

El gobierno tiene el  derecho a capitalizar políticamente un acierto. Pero tiene, sobre todo, la obligación de convertirlo en política pública. Porque si CNEL fue asediada por la corrupción, el problema no termina en CNEL. El objetivo  debe ser que ninguna institución pública pueda funcionar como botín de empleados, proveedores, jefes intermedios o padrinos políticos y, por supuesto y sobre todo, cuando sea del caso, de funcionarios de alto nivel.

En un país cansado de apagones, tarifas, ineficiencia y abuso, descubrir una presunta mafia eléctrica es importante. Pero lo más valioso será impedir que otra nazca en la oscuridad. La autoridad se demuestra al entrar; la institucionalidad al corregir y vigilar cuando las cámaras ya se fueron.