Concluyó el paro ¿Y, ahora?

El bochorno, la humillación, las injurias y el pánico que ocasionaron los tumultos de indígenas a los pobladores, sobre todo de la provincia de Imbabura y, especialmente de la ciudad de Otavalo, han concluido, luego del largo y aparentemente interminable lapso de 31 días. ¿Cómo se financió y sostuvo, tanto tiempo, este paro? Hemos atestiguado, a través de imágenes furtivas, la entrega de sobres con dinero a los manifestantes, en el mismo campo de las protestas. ¿Por qué, una gran cantidad de revoltosos, tenían cubierto el rostro y estaban encapuchados? ¿Cuánto, cómo, dónde y con quién se adiestraron, en el manejo de armas de artesanales como bazucas, lanza llamas, escudos y bombas Molotov? ¿Quién cubrió esos gastos? 

Si bien es cierto que los intentos de los miembros de la delincuencia organizada aspiraban a dar lugar a una insurrección de carácter nacional, salvo escasos focos intrascendentes, la problemática se centró en Otavalo, ¿por qué?  Porque, esta pintoresca y turística ciudad, ha sido el escenario de un cambio progresivo de las ferias, los telares y las artesanías típicas, por innumerables cooperativas de ahorro y crédito, por restaurantes, hoteles, ferreterías y más locales comerciales. Transitan por sus calles muchos vehículos de alta gama. Los propietarios, en su mayor parte, son indígenas. En resumen, circula mucho dinero proveniente, sobre todo, de la minería ilegal de las cercanas y más ricas minas de oro del mundo y por el advenimiento de carteles del narcotráfico que manejan inmensas cantidades de dinero. Aparecen interrogantes, ¿esa intensa actividad comercial es reportada a plenitud al SRI? ¿se tributa por tanta bonanza económica? ¿se han controlado esos ingresos por la Contraloría o la UAFE ? O ¿por ser ancestrales están exentos del pago de impuestos, a diferencia de los demás ecuatorianos?  

Papel preponderante en estas rebeliones tienen los líderes,  que son  cazadores de algún pretexto que les permita alborotar al país, utilizando a la gran mayoría de indígenas inocentes que sobreviven en la pobreza; pues sus necesidades básicas no han sido solventadas ni por los gobiernos, ni por los dirigentes  de la CONAIE que se han transformado en potentados, por las ingentes donaciones que reciben de fundaciones internacionales, con las que han levantado fortunas personales, pero no se han preocupado por mejorar las condiciones de vida de sus menesterosos representados.  No es admisible que, habiendo transcurrido 40 años de establecida la CONAIE, subsista la desnutrición infantil en cifras vergonzosas en el concierto internacional y que el agua que ingieren los niños esté contaminada con heces  (escherichia coli) .” Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica- Global Hunger Index 2025” “El estudio posiciona al Ecuador detrás de Bolivia y Guyana entre las naciones sudamericanas con mayores niveles de desnutrición” El gobierno tiene la gran oportunidad de demostrar que, con el ahorro de la suspensión del subsidio al diesel, puede cambiar la amarga situación de nuestra infancia y mejorar la atención a los grupos necesitados.  

Los irresponsables y ambiciosos gestores de la insurrección, se amalgamaron con los principales miembros del partido político  formado por glosados, delincuentes apresados y prófugos que, transformados en millonarios, ofrecieron apoyo económíco y defensa legal a los manifestantes. Estaban enceguecidos e ilusionados con la posibilidad de derrocar al gobierno, para lograr la impunidad de sus coidearios sentenciados. El subsidio al diesel no fue más que una fachada. 

Las agresiones salvajes causaron pérdidas millonarias con daños al sector público y al privado, secuestraron a la población, impidieron su movilización y el acceso a alimentos y combustibles, cerraron carreteras, reventaron las llantas de cuanto vehículo encontraban, incendiaron camiones; los destrozos a la economía nacional afectaron sobre todo a los sectores más pobres y pequeños comerciantes. El gran perdedor es el país. 

Tanto destrozo y el ataque brutal a   ecuatorianos deben ser sancionados. El Estado es unitario, la ley es para todos   y el principio de generalidad y universalidad de la ley obliga a que se juzgue a los causantes de tanto salvajismo mediante el COIP, por casos de instigación, daño a la propiedad privada y pública, daño a las personas, con el máximo de la pena, por tratarse de delitos flagrantes. La justicia indígena no es aplicable en estos casos, pues únicamente debe actuar en circunstancias en las que no exista conmoción pública. La sanción debe ser impuesta por la comunidad, para corregir la inconducta por medio de castigos físicos.  

La actuación del presidente, de sus ministros de defensa y gobierno, de los sacrificados policías y militares, impidieron que la insurrección logre el perverso objetivo de  acabar con la democracia y entregar el país a la delincuencia nacional e internacional.