¿Es momento de abrir un diálogo real en Ecuador?
Written by danilo_3re2RJc on 09/30/2025
El noveno día de paralización en Ecuador, convocada por la Conaie desde el 22 de septiembre de 2025, confirma la magnitud de una fractura social y política que no puede prolongarse indefinidamente.
La eliminación del subsidio al diésel, decretada el pasado 12 de septiembre por el Gobierno de Daniel Noboa, fue el detonante inmediato, pero el trasfondo es mucho más amplio: pobreza rural, desigualdad histórica, desconfianza mutua y un Estado que se mueve entre la narrativa de orden y seguridad, y la necesidad de escuchar demandas sociales.
El 29 de septiembre, el Ejecutivo reiteró que no habrá diálogo ni marcha atrás en su decisión. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, insistió en que los recursos liberados ya se destinan a programas sociales: el Bono Raíces, que beneficia a 83 000 familias, 10,5 millones de dólares para transportistas y la entrega de 140 tractores, de los cuales 39 fueron destinados a mujeres.
El discurso gubernamental se centra en resaltar el impacto de la medida en la inversión social y en denunciar infiltraciones violentas, como los ataques a un convoy humanitario en Imbabura o la retención de 17 militares.
La Conaie, por su parte, no solo exige la derogatoria del Decreto 126, que oficializó la eliminación del subsidio, sino también un pliego de nueve puntos que incluye la reducción del IVA, freno a la minería y rechazo a una consulta popular y a una eventual Constituyente.
Además, demanda la libertad de los 12 procesados en Otavalo. En este escenario, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, responsabilizó al Gobierno por la muerte de un comunero en Cotacachi durante las protestas, lo que incrementó la tensión y complejiza las condiciones para cualquier acercamiento.
El costo social de la paralización es alto. Las pérdidas económicas por bloqueos viales y desabastecimiento ya afectan a los sectores productivos.
Según estimaciones de cámaras empresariales, un paro nacional puede costar más de 90 millones de dólares diarios en pérdidas al aparato productivo, como ocurrió en 2019 y 2022. Pero el daño va más allá de lo económico: la división social se profundiza, la polarización política se agudiza y la confianza en las instituciones se erosiona aún más.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente al diálogo, recordando que la violencia solo multiplica la vulnerabilidad de un país que ya enfrenta desafíos de inseguridad, desempleo y desigualdad.
La Corporación Participación Ciudadana también pidió abrir un espacio de mediación con actores sociales de legitimidad, como la Iglesia, y mecanismos de rendición de cuentas. La propuesta apunta a construir acuerdos mínimos que combinen la necesidad fiscal del Estado con la atención a la ruralidad.
Expertos consultados por EL COMERCIO coinciden en que, sin un cambio de enfoque, el diálogo seguirá bloqueado. José Luis Fuentes, analista político de la UDLA, recuerda que los paros de 2019 y 2022 tuvieron las mismas raíces: pobreza rural y ausencia de políticas estructurales. Para él, el problema no es solo el subsidio, sino el deterioro de la vida campesina desde 2015.
Pablo Romero, también analista político, advierte que el Gobierno cierra la puerta al diálogo si insiste en asociar la protesta con mafias o grupos irregulares.
Olga Cavallucci, experta en negociación, sostiene que la actual lógica de “suma cero” —yo gano si tú pierdes— hace inviables los acuerdos. Su propuesta es clara: pasar de las posiciones rígidas a los intereses comunes, como el empleo, el abastecimiento y la estabilidad.
Hoy, Ecuador se enfrenta a un dilema.
Insistir en un pulso de fuerza solo prolongará la crisis. Abrir un canal de diálogo, con reglas claras y mediación independiente, es la única salida viable para evitar que las tensiones deriven en una fractura aún más profunda.
Los sectores políticos y sociales tienen el derecho a protestar y el deber de hacerlo en paz, así como el Gobierno tiene la obligación de escuchar sin criminalizar la disidencia.
La historia reciente demuestra que las paralizaciones dejan cicatrices económicas y sociales de largo plazo.
El reto ahora es que las partes comprendan que la estabilidad del país es un interés superior, más allá de cálculos políticos o reivindicaciones inmediatas.
El 30 de septiembre puede ser la oportunidad de abrir ese espacio. De lo contrario, Ecuador seguirá atrapado en un ciclo de protestas, sin horizonte claro para su democracia y su economía.
