Cartas a Quito / 6 de octubre de 2025

Cuando la minoría se adueña de las calles

El nuestro es un país de Ripley, cómo es posible que un minúsculo grupo que representan el porcentaje más ínfimo de la población electoral, se cree dueño de la Nación y lo  vandaliza, tomándome las vías terrestres y las calles y avenidas urbanas, vulnerando los derechos constitucionales de los ciudadanos para transitar libremente por las mismas para cumplir sus necesidades u obligaciones imperiosas para la vida  cotidiana. Dicen respetar la pacha mama y destruyen la naturaleza, cortando arbustos e incendiando para impedir el paso de los transportes, de los alimentos y de los ciudadanos de a pie. El incremento del combustible a ellos no les afecta en su economía y si les afectaría, esta es mínima, que ni les empobrece, ni les enriquece. Lo que sucede es que están respondiendo a fuerzas de organizaciones subversivas clandestinas especializadas en guerrillas urbanas, a las que habría que acabar. Ya se oyen voces de trasnochados asambleístas que quieren seguir juicios políticos a determinados ministros por violar derechos humanos de las minorías de los que delinquen en las calles urbanas  y en las vías de la Costa, Sierra y Oriente, pero se olvidan de los derechos humanos de los afectados, de las verdaderas víctimas de los paros protagonizados por estos violadores de la ley y de la libertad. ¿No será que ya mismo necesitamos un Bukele en el Ecuador? ¿O quizá un Gabriel García Moreno?

Gustavo Chiriboga Castro

“Ecuador: la Constitución nos convoca a recuperar la paz”

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 3, ordena al Estado garantizar sin discriminación alguna el goce efectivo de los derechos, en especial la vida, la integridad personal y la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, el país vive hoy una realidad que hiere de manera directa este mandato supremo: asesinatos, sicariatos, extorsiones conocidas como “vacunas”, muertes en las cárceles y ataques en las calles han transformado la convivencia en un permanente estado de miedo. Adolescentes reclutados por bandas, familias asediadas por robos y barrios sometidos por grupos criminales revelan una crisis que no solo es social, sino también constitucional.

La Carta Magna, junto con los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, arts. 4 y 5), consagra el derecho a la vida y a la integridad personal como bienes jurídicos irrenunciables. Estos principios no son meras declaraciones: obligan al Estado a actuar de manera eficaz y preventiva, no únicamente reactiva. La pregunta que retumba es inevitable: ¿hasta cuándo deberá la ciudadanía soportar esta vulneración de derechos fundamentales?

Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, hago un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que asuman con decisión y transparencia la responsabilidad que la Constitución les impone en sus artículos 83 y 226, los cuales exigen cumplir las funciones públicas con probidad y responder políticamente por sus actos. Y si no cuentan con la capacidad necesaria, den un paso al costado, para que otras manos, con la valentía y la preparación que el momento exige, asuman responsablemente su rol.

El futuro del Ecuador no depende solo de sus gobernantes. Cada ciudadano tiene el deber, art. 83, numeral 1 CRE, de exigir el cumplimiento de estos derechos y participar en la construcción de una paz duradera. La esperanza, sustentada en la fuerza de la ley y la unidad social, debe convertirse en acción colectiva. Solo así, el Ecuador que soñamos podrá dejar atrás la noche de la violencia y amanecer en un tiempo de justicia y seguridad, como lo ordena nuestra Constitución y el Pacto de San José. Y el tiempo sigue su marcha..! 

Elio Roberto Ortega Icaza