Cartas a Quito / 28 de febrero de 2026

Tanta extorsión

Es inadmisible que en un país tercermundista y pobre como el nuestro, los abultados impuestos superen, en gran parte, la capacidad económica de los contribuyentes, lo que hace que los afectados nos sintamos, hasta cierto punto, extorsionados.

Las autoridades, especialmente municipales y seccionales nos agobian con sus elevados rubros y tasas, aduciendo cualquier excusa por más irreal e injustificada que parezca.

El impuesto inventado y creado últimamente por la “recolección de  basura”, ya rebasa todo límite, si lo que más vemos es basura desperdigada por toda la ciudad, falta de contenedores, etc. especialmente en el centro histórico de Quito para vergüenza de propios y  extraños.

Parece que el señor alcalde y sus  “devotos” concejales no duermen pensando en la forma de sacar dinero a los ciudadanos que, equivocadamente, los eligieron y que ahora protestan porque el gobierno central, en su plan de austeridad, a través de la aprobación de el COOTAD, pretende controlar los excesivos gastos y el constante despilfarro que se evidencia en los gobiernos seccionales: abultada  burocracia, nepotismo, farras y un sinfín de gastos innecesarios; dando mala información y generando confusión y caos entre la gente para, bajo este pretexto, convocar a marchas de protesta para rechazar estas “injustas” leyes que, según ellos, perjudicarían a los contribuyentes; malgastando, además, los recursos económicos provenientes de los ya afectados, impotentes e impacientes contribuyentes.

Ojalá la ciudadanía despierte de su letargo y adopte alguna medida para impedir que se sigan cometiendo este tipo de abusos y extorsiones.

Es hora  de que el Municipio  de Quito, ante el justificado clamor de los perjudicados quiteños,   rectifique su accionar y suprima de inmediato este improcedente cobro por concepto de “Recolección de Basura”, pues los capitalinos ya estamos cansados de tanto atropello y opresión.

Fabiola Carrera A.

Crisis sanitaria y responsabilidad estatal: el derecho a la salud bajo presión

La salud pública en el Ecuador atraviesa uno de sus momentos más delicados. La escasez de medicamentos, los retrasos en pagos a prestadores externos y la incertidumbre en tratamientos de alta complejidad revelan un sistema que no logra responder con eficacia a las necesidades de la población. Detrás de cada cifra hay rostros concretos: pacientes oncológicos, personas con enfermedades catastróficas y ciudadanos que dependen de diálisis periódicas para sobrevivir.

El derecho a la salud está reconocido en el artículo 32 de la Constitución de 2008, como una garantía fundamental vinculada al derecho a la vida y a la dignidad humana. Esta disposición impone al Estado la obligación de asegurar acceso permanente, oportuno y de calidad a servicios sanitarios. No se trata de una aspiración programática, sino de un mandato de cumplimiento inmediato y progresivo.

Las dificultades que enfrentan el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social impactan directamente en miles de afiliados y usuarios. Clínicas privadas que prestan servicios complementarios advierten sobre valores pendientes; proveedores de insumos y alimentos reclaman pagos atrasados; personal médico y de enfermería sostiene la atención con esfuerzo, pese a limitaciones logísticas y administrativas.

En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar. De igual manera, la Organización de los Estados Americanos, mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, compromete a los Estados a adoptar medidas efectivas para proteger este derecho.

La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado en sentencias ejecutoriadas que la provisión de medicamentos esenciales y tratamientos especializados forma parte del núcleo duro del derecho a la salud, y su incumplimiento puede ser objeto de acciones constitucionales. A su vez, la Corte Nacional de Justicia ha ratificado la obligación estatal de reparar cuando la omisión administrativa causa vulneraciones.

La salud pública exige planificación técnica, transparencia y gestión eficiente. Más allá de debates políticos, la prioridad debe ser garantizar que ningún ecuatoriano vea suspendido su tratamiento por falta de recursos o coordinación institucional. El respeto a la Constitución y a los compromisos internacionales no admite demoras.

Elio Roberto Ortega Icaza