El MSP reordena la salud pública en Ecuador, pero la reforma sigue pendiente
Written by danilo_3re2RJc on 03/05/2026
El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una nueva organización territorial institucional: desaparecen distritos y zonas y regresa al esquema de direcciones provinciales. La decisión se presentó como mecanismo para “optimizar y fortalecer” el sistema. Pero reabre un debate que se arrastra desde hace más de una década: ¿En qué medida cambiar la arquitectura administrativa mejora la atención?
El sistema nacional de salud se estructura bajo la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Privada Complementaria (RPC). Sobre el papel, el modelo busca garantizar acceso equitativo y atención integral. En la práctica, la evidencia muestra profundas asimetrías.
Un estudio sobre la estructura del sistema de salud, publicado en la revista Ciencia Latina, en octubre del 2025, analizó 3 140 establecimientos. Revela que el 91,94% corresponde al primer nivel de atención; el 6,59% al segundo y el 1,46% al tercero. La red está, numéricamente, en el territorio: 75% de la infraestructura se ubica en zonas rurales y 95,80% de esos establecimientos son de primer nivel. Pero la complejidad -la capacidad resolutiva real- permanece concentrada en áreas urbanas.
El problema, entonces, no es solo geográfico, sino funcional. El primer nivel, esencial para la prevención y la atención primaria, no sustituye la necesidad de hospitales con especialidades, quirófanos equipados o unidades de cuidados intensivos. Cuando la enfermedad supera la capacidad resolutiva local, el paciente debe trasladarse. Y en ese trayecto –horas de viaje, costos, demoras– se materializa la inequidad.
La centralización también es evidente en la gestión: el MSP y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social concentran el 90,89% de la capacidad resolutiva nacional. Provincias como Guayas y Pichincha agrupan la mayor cantidad de establecimientos, pero no necesariamente con igual nivel de complejidad. La estadística desnuda una verdad incómoda: cantidad no es sinónimo de calidad ni de oportunidad.
El estudio mencionado sugiere la necesidad de revisar la planificación territorial y funcional del sistema nacional de salud. Se recomienda priorizar la articulación entre niveles de atención, el fortalecimiento del segundo nivel en zonas rurales. Además, de la descentralización de la gestión sanitaria como estrategias para mejorar la eficiencia y equidad del sistema.
En este contexto volver al modelo de direcciones provinciales puede interpretarse como un intento de simplificar la cadena de mando y reducir la burocracia intermedia. Sin embargo, el riesgo es que el debate se agote en el organigrama. Ecuador ya ha transitado por distintos esquemas territoriales sin que ello haya resuelto las brechas estructurales. Entre ellas déficit de especialistas, hospitales inconclusos o con mantenimiento precario, fragmentación entre subsistemas y limitada interoperabilidad de datos.
La pregunta de fondo: ¿Esta reorganización viene con planificación territorial basada en evidencia, inversión sostenida en segundo y tercer nivel, y mecanismos de evaluación transparentes? Si no hay recursos asignados, metas verificables y cronogramas públicos, el cambio puede convertirse en un ajuste administrativo. Cuando el objetivo debería ser tener un impacto tangible en la vida de los pacientes.
Más allá de los decretos, la salud se fortalece con decisiones presupuestarias, talento humano suficiente y gestión técnica sostenida. El país necesita descentralizar capacidades, no solo competencias formales. Necesita hospitales funcionales en provincias que hoy derivan sistemáticamente a Quito o Guayaquil. Necesita que el primer nivel sea puerta de entrada eficiente, pero también que la red hospitalaria respalde esa puerta.
Reordenar ya es un gran paso. Reformar exige más. En un sistema donde la inequidad territorial está documentada y la centralización es evidente, el éxito de la medida no se medirá por desaparecer distritos. Lo que el usuario valora es la reducción real de tiempos de espera, mejora en la calidad de la atención, traslados innecesarios y brechas provinciales.
La salud pública ecuatoriana no solo es un nuevo mapa administrativo. Requiere coherencia entre diagnóstico oportuno y acción. Pero, sobre todo, una organización territorial que deje de ser un ciclo de ensayo y error y se convierta en una política de Estado sostenida en el tiempo, que sí es posible.
