Golpes a la pobreza

Ecuador parece bifurcarse en dos realidades irreconciliables: la de los fríos cálculos para conseguir el equilibrio fiscal, y la de la supervivencia cotidiana en los hogares pobres del país. Bajo las promesas de la “seguridad” y la “eficiencia”, el Ejecutivo ha puesto en ejecución medidas económicas que profundizan una irracionalidad histórica: la satanización de los gastos corrientes, por ineficientes y costosos, en especial la remuneración al trabajo, y el desmantelamiento de los últimos refugios de bienestar social.

Las medidas económicas afectan directa e indirectamente a la población de quienes se encuentran en los estratos de la pobreza: las reformas al COOTAD, la modificación de la estructura de la jornada laboral, la imposición de aranceles a los productos importados desde Colombia y el recorte en la devolución del IVA para las personas de la tercera edad.

La imposición de la regla fiscal 70/30 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es el brazo ejecutor de esta lógica. Al obligar a municipios y prefecturas a destinar el 70% de su presupuesto a infraestructura física, se decreta la desaparición de facto de programas sociales vitales. Durante años, ante el abandono del Estado central, los GAD asumieron competencias en salud preventiva, centros de desarrollo infantil, casas de acogida para víctimas de violencia y comedores populares. Estos proyectos, ahora tildados de “gasto corriente innecesario”, son la última malla de seguridad de los estratos más vulnerables. Su supresión no es ahorro; es una fractura institucional que deja al ciudadano en la absoluta indefensión.

En el ámbito laboral, la modificación, mediante Acuerdo Ministerial, de la actual estructura de la jornada de trabajo, (40 horas semanales de labor en jornadas de 8 horas diarias), se inscribe en la misma concepción de deslegitimación del valor de la fuerza de trabajo. La medida se presenta como un avance hacia la “modernización“, pero esconde una regresividad de derechos alarmante. Al reducir al trabajador a un costo contable, el Estado convalida las diferentes formas de explotación y el pago injusto. Esta visión no busca eficiencia, sino que perpetúa un ciclo de precariedad

Un cambio hacia una jornada de hasta 10 horas para completar las 40 semanales, eliminaría en la práctica el pago de horas extras y recargos. La supuesta “negociación” entre trabajador y patrono es una falacia en un mercado con desempleo galopante; pues no puede existir acuerdo libre cuando la desigualdad de poder es abismal. Esta reforma permitiría al empleador manipular la carga laboral a su arbitrio, empujando al trabajador al agotamiento o a la renuncia forzada, sin las compensaciones de ley.

Por su parte, la imposición de aranceles del 50% y el encarecimiento del transporte de combustibles colombianos, bajo el argumento de una “tasa de seguridad”, es un error estratégico. Las consecuencias dadas en la provincia del Carchi, especialmente desempleo, se han extendido a todo el país, para golpear la canasta básica. El sector productivo, dependiente de insumos del vecino país, enfrenta costos que se trasladan al consumidor. Como consecuencia, se genera inflación y desempleo; Lejos de fortalecer la seguridad, esta medida asfixia la economía formal.. Existe un desajuste irracional entre el objetivo declarado y un instrumento comercial que solo produce aislamiento y carestía.

Finalmente, el recorte en la devolución del IVA para la tercera edad es el símbolo de un gobierno que desconoce la realidad social del país. Quitar liquidez a los grupos de atención prioritaria en un contexto de inflación es, sencillamente, cruel.

Ecuador no necesita una seguridad que se financie con el hambre o la precarización. Es imperativo que el Gobierno abandone la ceguera tecnocrática y asuma políticas que respondan a las necesidades más graves del país.