Cartas a Quito / 2 de abril de 2026

El Valle de Uravía y la brutal inoperancia judicial

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” (Séneca, 4 a. C.-65 d. C.)

El valle de Uravía, es un ecosistema milenario ubicado en la parroquia de Checa, que custodia el patrimonio ancestral de los Chilpes, primeros habitantes del valle, y está lleno de árboles patrimoniales, fauna y flora nativa del lugar y de fuentes hídricas que abastecen al rio Uravía, en su viaje por este maravilloso corredor ecológico, que incluye a Culqui Loma, lugar de descanso eterno de sus primeros habitantes.

En septiembre del 2024, se presentó una acción de protección solicitando que se declare al valle y al río Uravía como sujetos de derechos, al amparo de lo dispuesto por el art. 71 de la Constitución, que reconoce a la naturaleza como sujeto de protección integral en su existencia y en la regeneración de sus ciclos vitales; sin embargo, este mandato constitucional parece haberse diluido entre la negligencia y la desidia de los funcionarios judiciales.

Es inadmisible que una acción de protección, que fue diseñada como un mecanismo ágil y eficaz de tutela judicial efectiva, haya permanecido en el limbo de la inacción por cerca de dos años, violentando el principio de celeridad que debe regir todo acto judicial. La gravedad de la situación alcanzó su punto máximo cuando, tras una petición de fiscalización administrativa ingresada en el Consejo de la Judicatura, el expediente de la causa —que se encontraba con paradero desconocido— apareció “milagrosamente” en dependencias ajenas a su juzgador natural.

Esta reaparición, lejos de darnos tranquilidad, destapó una tenebrosa realidad: el cuerpo del proceso había sido mutilado por manos desconocidas, con fojas esenciales arrancadas, soportes electrónicos desaparecidos y autos judiciales carentes de la firma de responsabilidad, y lo más grave, había desaparecido el CD conteniendo la grabación de la inspección judicial realizada al valle de Uravía, que es una prueba clave dentro del expediente para demostrar la violación flagrante de los derechos de la naturaleza, y de la Pachamama, convirtiéndose por tanto, en el daño más grave al proceso de protección de Uravía.

Nos enfrentamos a un escenario donde la custodia de la fe pública ha fallado brutalmente – ¿para favorecer a alguien en especial? -, configurándose hechos que se adentran en el campo penal, como es la destrucción de registros públicos, delito tipificado y sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. No se trata simplemente de un extravío fortuito, sino de una supresión material de documentos públicos que atenta contra la seguridad jurídica y deja al río y al Valle de Uravía en un estado de total indefensión.

La ciudadanía de Quito y los habitantes de Checa deben saber que la defensa de Uravía es también la defensa de la ética pública; y que no permitiremos que maniobras oscuras en los tribunales de justicia silencien el clamor de la tierra y la majestad de la ley.

La justicia que tarda no solo es justicia denegada, sino que, en casos como este, se convierte en cómplice de la degradación de nuestro patrimonio natural y cultural. Seguiremos vigilantes, agotando las instancias legales y penales necesarias, para que el rio y el valle de Uravía reciban la protección que la Constitución les otorga y que el sistema judicial, en su extravío moral, les pretende negar.

Alfonso López J.