Quitarle poder al CPCCS no basta

Hay reformas que se presentan como una cirugía institucional y pueden terminar siendo apenas una mudanza del poder. Eso es lo que está en juego con la propuesta para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar autoridades y trasladarla a la Asamblea Nacional. La idea es políticamente atractiva, y consiste en desmontar un órgano que nació con pretensiones morales y terminó enredado en cuotas, bloqueos y disputas. Pero en política el acierto al diagnosticar un problema no garantiza la calidad de la solución.

El CPCCS fracasó. Fue promocionado como un antídoto contra el reparto partidista y acabó funcionando, demasiadas veces, como otra mesa de reparto, solo que más opaca, más inestable y menos responsable ante el ciudadano. No despolitizó el poder, sino que  lo redistribuyó y maquilló bajo una coartada ciudadana. No fortaleció la institucionalidad, sino que la volvió más frágil frente a pulsos internos, capturas y prórrogas interminables.

Pero del fracaso del CPCCS no nace automáticamente la virtud de la Asamblea. Allí está el núcleo del debate. El país ya conoce este libreto: una institución pierde legitimidad, otra tampoco inspira confianza y se la presenta, sin embargo, como remedio. La Asamblea no es un claustro de sabios por encima de los intereses, sino que es  el espacio por excelencia de la correlación de fuerzas, la negociación y la presión de bloques. Cambiar al CPCCS por la Asamblea puede corregir un desorden, sí; pero también puede restaurar, con lenguaje técnico y formas más pulidas, el viejo reparto de siempre.

Ese es el punto incómodo que el poder suele esquivar. La discusión no debería agotarse en si el CPCCS merece perder esta atribución. Sin duda, dado los hechos, la merece. La pregunta decisiva es otra: ¿la Asamblea va a designar mejor o simplemente va a designar con mayor visibilidad política? Porque no es lo mismo transparentar el reparto que superarlo. Y en Ecuador existe una tentación recurrente de confundir exposición con depuración, como si bastara iluminar una práctica para volverla republicana.

Además, la propuesta llega en medio de concursos abiertos, autoridades prorrogadas y una ciudadanía cansada de instituciones que parecen diseñadas para no cerrarse nunca. En ese contexto, mover el centro de gravedad de las designaciones no es una simple reforma administrativa, sino que constituye  una sensible jugada de poder. Reordena incentivos, redefine alianzas y altera el mapa del control estatal. Por eso la discusión no es solamente jurídica. Es, sobre todo, política.

Sería un error leer esta reforma con el simplismo de las consignas. No basta decir que el CPCCS debe ser despojado de su función más sensible. Tampoco basta celebrar que la Asamblea recupere protagonismo. Lo decisivo está en los candados: audiencias públicas reales, motivación individual del voto, trazabilidad completa de cada respaldo, cronogramas perentorios y costo político para quienes bloqueen o pacten. Sin esos límites, la reforma nacerá contaminada por el mismo pecado original, es decir, por el vicio que dice combatir.

La memoria reciente, además, obliga a desconfiar del entusiasmo fácil. El electorado ya rechazó una fórmula semejante cuando se planteó en 2023. Ese antecedente no vuelve inválida la nueva propuesta, pero sí demuestra que el desprestigio del CPCCS, por sí solo, no alcanza para construir confianza en el reemplazo. La ciudadanía puede estar cansada del Consejo y, al mismo tiempo, desconfiar de que la Asamblea sea mejor árbitro. Y hace bien en ello.

Si el CPCCS fue el experimento fallido de la supuesta antipolítica, la Asamblea no puede convertirse en la restauración elegante de la vieja política. Reformar sí. Pero reformar de verdad. Y, en ese orden de ideas, el Ecuador no necesita cambiar de repartidor; necesita cambiar confiablemente las reglas del reparto, así como, reformar en su esencia la cultura política, a fin de que el norte sea la recta intención y no la conveniencia de ocasión.