Que el golpe no lo paguemos todos

El impacto de un vehículo contra un puente en la avenida 10 de Agosto, en Quito, no es solo una anécdota de tránsito ni una imagen viral de un auto colgando al borde del vacío. Es, sobre todo, un recordatorio incómodo de cómo lo público sigue siendo percibido como tierra de nadie. Y esa idea, profundamente arraigada, termina saliendo cara.

El hecho ocurrió el 11 de abril de 2026. Un SUV negro perdió el control, destrozó parte de la estructura metálica del puente y quedó suspendido en una escena que bien pudo terminar en tragedia. La rápida intervención de bomberos y agentes de la AMT evitó lo peor. La Epmmop actuó con eficiencia y reparó los daños en un solo día. La ciudad siguió funcionando. Pero el problema de fondo sigue intacto: ¿quién asume el costo de esa irresponsabilidad?

‘Cuando alguien choca contra una infraestructura pública, no solo daña metal o concreto. Interrumpe la movilidad, pone en riesgo vidas, moviliza recursos de emergencia y obliga a destinar dinero que pudo invertirse en otras necesidades urgentes’.

La respuesta institucional es clara: el responsable debe pagar. Así lo establece el procedimiento. Una vez que se calcule el valor de la reparación, se cobrará al causante del daño. Incluso, en casos similares, se retiene el vehículo hasta cubrir el monto. Es una medida lógica, necesaria y justa. Pero no suficiente.

Porque aquí no solo se trata de recuperar el dinero invertido en una baranda metálica. Se trata de algo más profundo: la cultura ciudadana. Cada semáforo derribado, cada señal de tránsito destruida, cada puente golpeado es un síntoma de una relación rota entre el ciudadano y lo público. Es la evidencia de que aún no entendemos que esos bienes no pertenecen al Municipio, sino a todos.

Cuando alguien choca contra una infraestructura pública, no solo daña metal o concreto. Interrumpe la movilidad, pone en riesgo vidas, moviliza recursos de emergencia y obliga a destinar dinero que pudo invertirse en otras necesidades urgentes. En otras palabras, socializa el costo de un acto individual.

Y ahí está el punto crítico: la impunidad cotidiana. Durante años, estos hechos han pasado como incidentes menores, casi inevitables, diluidos en la rutina urbana. Pero no lo son. Son fallas que deben tener consecuencias visibles, ejemplificadoras. No para castigar por castigar, sino para corregir conductas.

El caso del puente en la 10 de Agosto y Atahualpa abre una oportunidad. No basta con cobrar la reparación. Es momento de transparentar el proceso, de informar cuánto cuesta realmente un daño de este tipo y de hacer público quién responde por él. La pedagogía también se construye desde la sanción.

En ciudades que aspiran a ser sostenibles y ordenadas, el respeto por lo público no es opcional. Es la base de la convivencia. Quito no puede permitirse seguir normalizando estos episodios como simples siniestros de tránsito. Cada golpe contra la ciudad es, en realidad, un golpe contra todos.

Y ese golpe no debe volver a pagarlo la colectividad.