La amenaza no es argumento

Al momento de terminar y enviar esta columna a El Comercio (miércoles 8 de octubre – 15H00), el conflicto del paro sigue bien encendido. La eliminación del subsidio al diésel encendió, otra vez, la mecha de nuestras fracturas. Protestar es un derecho; amedrentar no lo es. Cuando la dirigencia indígena, con tono de amenaza, anunció la posibilidad de “tomarse Quito”, cerrar carreteras y otras medidas de fuerza, el país deja de deliberar asistido de la razón y pasa a ver el tema y la solución sobre la base y presión del miedo, circunstancia que no es aceptable en una sociedad civilizada. Ese tránsito – del pedido al ultimátum – erosiona la democracia tanto como el abuso estatal: convierte al ciudadano en rehén y a la política en medición de fuerzas, sin perjuicio que profundiza la quebrada social.

La Constitución protege la protesta pacífica y exige al Estado garantizarla. Pero el bloqueo y el daño a terceros no son sinónimos de protesta: son coacción. La diferencia importa. Protestar, convoca razones; bloquear, perjudica y castiga a terceros inocentes: el enfermo que no llega al hospital, el agricultor que pierde su cosecha, el estudiante que no puede movilizarse a clases, el comerciante que no puede vender sus productos, mientras las planillas no esperan. Defender la Libertad implica defender la libre circulación, la prensa y los servicios esenciales; implica también exigir que la fuerza pública actúe con proporcionalidad y determinación.

No hay justicia posible  cuando los medios deslegitiman el fin. La causa indígena pierde autoridad moral cuando normaliza la amenaza y utiliza esta como argumento. La fuerza de una agenda justa se diluye si el método anuncia violencia. Las conquistas cívicas son más duraderas cuando nacen de la persuasión, la evidencia y por ende tienen la comprensión social, no del cerco. Exigir rectificaciones al Gobierno es legítimo; condicionar la tranquilidad y seguridad de miles y miles  de ciudadanos a un ultimátum, no.

Al Ejecutivo le cabe una doble obligación: sostener la corrección fiscal y amortiguar el dolor del ajuste. A la dirigencia social hay que pedirle y  exigirle  altura: repudiar explícita y judicialmente cualquier llamado y/o acto de violencia, depurar a quienes incitan al “asalto” institucional y volver a la mesa con un pliego costeado (fuentes, cronograma, responsables, impacto). Si el Gobierno cree en su ajuste, que lo someta a la intemperie de los datos; si los movimientos creen en su causa, que la sometan a la intemperie del argumento, es decir, que gane la razón y el sentido común, y no el palo y la piedra.

Ecuador no necesita vencedores de la calle, sino constructores de reglas e institucionalidad. La Libertad no es el derecho del más fuerte, sino el espacio donde los desacuerdos se resuelven inteligentemente en paz y sin destruirnos. Nuestro desafío no es solo económico; es cívico: cómo seguir siendo un nosotros después del desacuerdo. La protesta dignifica cuando persuade; degrada cuando amenaza, circunstancia en la que la recta intención se diluye. La amenaza no es un argumento. La república, sí.-