Cartas a Quito / 18 de agosto de 2025

Hablemos del Decreto 82

La reciente reforma al reglamento que regula las importaciones bajo la modalidad de correo postal o código postal mundial ha generado un intenso debate ciudadano. Antes, el régimen 4×4 que permitía importar hasta 4 kilos y USD 400 sin pago de aranceles constituía una herramienta de acceso a bienes para consumo personal, especialmente para quienes no encuentran en el mercado local ciertos productos tecnológicos, textiles, culturales o de uso especializado.

Previo a la reforma, la norma permitía la importación de bienes bajo el régimen 4×4 sin pago de tributos, siempre que fueran para uso personal y no para fines comerciales. Esta facilidad beneficiaba principalmente a consumidores que no se dedicaban a la reventa, garantizando acceso a productos no fabricados o comercializados en Ecuador.

La reforma eliminó la exoneración arancelaria incluso para envíos que cumplen con el peso y valor antes permitidos. Se aclara que esta disposición aplica exclusivamente a compras recibidas por código postal o correo postal mundial, no afectando el régimen de carga comercial.

El trasfondo de la reforma parece orientarse a tres objetivos principales: 1) Recaudación fiscal mediante la ampliación de la base imponible; 2) Protección del comercio local frente a importaciones minoristas; y, 3) Control aduanero para prevenir abusos del sistema por parte de comerciantes encubiertos.

Esta medida no distingue entre comerciantes y consumidores ocasionales. El incremento de costos afecta directamente a personas que requieren artículos para uso personal, muchos de los cuales no se producen ni venden en el país. La carga tributaria adicional encarece productos como repuestos, insumos médicos, libros o tecnología.

Podría existir Derechos y Principios Vulnerados como: 1) Libre acceso a bienes y servicios (Art. 66.15 de la Constitución); 2) Equidad tributaria: se trata igual al gran importador y al consumidor individual; 3) Principio de mínima intervención: el Estado aplica una restricción general sin segmentación; y, 4) Libre desarrollo de la personalidad: limita la posibilidad de acceder a bienes legítimos que forman parte del estilo de vida o necesidades del ciudadano.

La naturaleza de la medida en esta reforma se configura como una medida coercitiva y de carácter recaudatorio más que regulatorio. No existen criterios claros para exceptuar a quienes realizan compras legítimas para uso personal, lo que genera un efecto desproporcionado y regresivo.

La reforma parte de una presunción de abuso generalizado, sancionando de manera indiscriminada a todos los usuarios. Esto provoca un perjuicio económico y limita derechos fundamentales de los consumidores. En vez de un control focalizado que distinga entre importación comercial y personal, se opta por un enfoque homogéneo que prioriza la recaudación sobre la justicia tributaria.

Juan Carlos Pérez Cepeda

Navegando con derechos digitales

La Ley Orgánica de Aprovechamiento Digital e Inteligencia Artificial para Niños, Niñas y Adolescentes, es un proyecto legislativo en discusión; un marco que protege derechos, fomenta la creatividad y guía el uso responsable de la tecnología en las manos de quienes aún están aprendiendo a navegar el mundo. No se trata de frenar la curiosidad, sino de canalizarla con claridad y justicia.

En primer lugar, seguridad y privacidad deben caminar de la mano con la libertad de explorar. Los menores merecen un Internet que les depare descubrimientos, no riesgos ocultos. Esto implica límites transparentes a la recopilación de datos, controles razonables para familias y docentes, y educación digital que les enseñe a reconocer sus huellas en línea. Cuando un niño comprende qué información comparte y por qué, se convierte en un ciudadano digital, activo y consciente.

En segundo lugar, la Inteligencia Artificial (IA) debe ser explicable, no misteriosa. Las plataformas tienen la responsabilidad de señalar, con lenguaje simple, por qué se recomienda un juego, una historia o un ejercicio impulsado por IA. Despejar el “por qué” convierte la desconfianza en curiosidad crítica y convierte la tecnología en una aliada para aprender, crear y resolver problemas.

Tercero, la educación y la inclusión deben estar en el centro. Un currículo que integre alfabetización mediática, pensamiento crítico y ciudadanía digital prepara a adolescentes para enfrentar desinformación, presión de redes y dilemas éticos. Asimismo, la ley debe garantizar acceso equitativo a herramientas y oportunidades para todas las capacidades y contextos culturales.

En esencia, una ley bien diseñada no limita la imaginación juvenil y guía. Con reglas claras, límites razonables y apoyo educativo, niños y adolescentes pueden navegar el mundo digital con autonomía, empatía y derechos plenamente ejercidos.

Roberto Camana-Fiallos