Cartas a Quito / 24 de septiembre de 2025

Tenencia y porte de armas

La Constitución de Montecristi fue el germen del caos y de la inseguridad que se vive hoy en Ecuador, con la salida de la base de Manta, y la novelería del “desarme y ciudadanía universal”, con esto el Ecuador le abrió las puertas a la delincuencia internacional, en tres áreas, tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas, al extremo de que las FARC celebro su Congreso internacional en Angostura (Bombardeado por Uribe).

Se calcula que hay cerca de 80 000 hombres en armas en las bandas del crimen organizado, y a pesar de todos los esfuerzos del gobierno y del ministro del interior, es imposible que se alcancen a cuidar a todos los ecuatorianos.  La mayor aberración es que, si un ecuatoriano posee o usa un arma, para defender su vida o a la de su familia, se convierte en delincuente.

La mejor manera de proteger a los ecuatorianos, es permitirnos ejercer nuestro derecho a la defensa en la constitución y en las leyes, facilitando el porte y el costo de poseer un arma, con la inversión extranjera de fabricantes de armas, que entrenarían al comprador en polígonos de tiro para el uso responsable de un arma, con el permiso y la supervisión de Fuerzas Armadas, todo en un mismo sitio. Las armas tienen identificación universal, con un número de serie y registro balístico, y los negocios se cuidarían muchísimo de que no caigan en malas manos. Y los delincuentes lo pensarán dos veces, porque esta vez van a tener que jugar a la ruleta rusa.

Juan Orus Guerra

El poder sobre el poder

La Corte Constitucional no puede estar sobre el Poder Ejecutivo, o sea sobre el Presidente de la República. Al Presidente lo nombró el pueblo, mediante el poder popular, mayoritario y, por lo tanto, es nuestro único y legítimo representante.

Los miembros de la Corte Constitucional está integrada por la designación de una comisión calificadora integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones del estado: Legislativa, Ejecutiva y la de Transparencia y Control Social, por lo que tienen intereses de grupo y contravienen con el principio de manejar con honestidad, basados en veredictos jurídicos, en bien de dar la mejor interpretación, para que las normas y leyes, sean verdaderas expresiones, en bien de las grandes mayorías, a través de la constitución.

La Corte Constitucional bloquea las reformas a la constitución, enviados por el Ejecutivo con exposición de motivos que más tienen tinte político y se considera improcedente y no da paso.

Para eso, el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones, considera de llevar a efecto un referéndum para renovar la constitución actual. Emite un Decreto Ejecutivo, propuso una asamblea constituyente encargada de hacer una nueva constitución y le fue rechazada.

Ahora bien, el Presidente, anula el decreto rechazado y emite un nuevo decreto, pero ya lo pasa directamente al Concejo Nacional Electoral, quienes, en primera instancia, acepta llamar a elecciones y luego se retracta y manda nuevamente a consulta dicho decreto a la Corte Constitucional. Y ahí, en espera.

Para bien o para mal el Presidente de la República es nuestro único representante y él tiene todos los poderes que el pueblo al designarlo le otorgo, Basados en ese principio de autoridad está facultado a actuar, haciéndose eco del pedido mayoritario del pueblo ecuatoriano de una Asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución y poder salir de la aprobada en Montecristi que ha sido una camisa de fuerza para apoderarse de los bienes del estado y cubrirse de un futuro enjuiciamiento.

El pueblo ecuatoriano mira con preocupación cómo en las sombras se trama el caos, el levantamiento indígena, como los movimientos sociales afines a una ideología buscan crear caos, tratando de sacar provecho. Tratan poner al pueblo contra el gobierno. Pero el pueblo está con el gobierno. Cansados, eso sí, de tantas actitudes hostiles y actos de obstaculizamiento, de los verdaderos anhelos, de todos los ecuatorianos y no en defensa de las alzas manos, atracadores y usurpadores de la riqueza de nuestro País.

Lionel Efraín Romero Reyes