Cartas a Quito / 4 de marzo de 2026

La situación con Colombia

Según todo lo que se ha leído en la prensa, y, haciendo un recuento de la información así obtenida, la situación actual tiene antecedentes claros, que, me extraña no la mencionen los periodistas, ante la escalada de las sanciones de uno y otro lado.

Hasta antes de la detención del señor Glas en Ecuador (en ejercicio de su soberanía y en concordancia con lo dictaminado por la justicia ecuatoriana), existía el mecanismo de los gabinetes binacionales que coordinaban las acciones de los dos países en la frontera conjunta.

Esas reuniones analizaban las medidas tomadas e implementadas y se realizaban, en conjunto los ajustes necesarios.

Luego de la detención del señor Glas, el señor Petro, en un arranque de solidaridad ideológica, incompatible con las relaciones bilaterales amigables y respetuosas, decidió, unilateralmente, suspender las reuniones de esos gabinetes, y desde allí no se han vuelto a realizar.

Francamente no entiendo que la solidaridad ideológica pueda estar por encima del bienestar entre dos países: eso significa que se que se quiere imponer la opinión de uno sobre otro.

La ideologización de las relaciones diplomáticas y comerciales, no es el mejor camino, y tampoco es propio de un verdadero estadista, ir directamente la imposición de un pensamiento sobre otro, algo no aceptable en la civilización, venga de donde venga.

Veo en las noticias, con mucha extrañeza, que ningún medio de comunicación hace mención a este hecho, como origen del problema. Me parece que es lógico que, si los gabinetes binacionales estaban dando algo de resultado, nadie entienda que la suspensión de los mismos cause los problemas que Ecuador está viviendo.

Mi pregunta es: si el señor Petro suspendió los gabinetes binacionales como represalia por la prisión del señor Glas, será que los mantiene con la idea de desestabilizar el gobierno del señor Noboa, y con clara alineación ideológica con el ex presidente Correa?

No es solidaridad el exponer de esa manera el comercio de su país (que es claramente mayormente beneficiario en el comercio bilateral), por identificarse con una causa que no le compete, pues es simplemente una acción soberana de un país amigo. Solamente los egocéntricos quieren imponer sus criterios y pensamientos, y los fanáticos extreman esas posiciones.

Me parece que si el señor Petro quiere resolver el problema, debe empezar por reactivar los gabinetes binacionales, y, las fuerzas productivas de Colombia deben presionar en esa dirección, en lugar de escudarse en los comentarios de sus fuerzas armadas, en el sentido que sí se está actuando en la frontera. Mientras no hayan los gabinestes binacionales que son los que coordinan estas acciones, no habrá solución.

José M. Jalil Haas

Escalada comercial en la frontera norte: aranceles al 50% reavivan tensiones con Colombia

El aumento de aranceles en Ecuador del 30% al 50% a ciertos productos provenientes de Colombia marca un nuevo capítulo en la relación comercial bilateral. La medida, presentada como una acción de defensa económica, ha generado reacciones en el sector empresarial y abre un debate jurídico que trasciende lo estrictamente mercantil.

La Constitución de la República del Ecuador reconoce, en su artículo 284, que el Estado tiene la obligación de conducir la política económica para asegurar la soberanía productiva y fortalecer el desarrollo nacional. En concordancia, el artículo 304 faculta a regular el comercio exterior bajo criterios de justicia, eficiencia y protección de la producción interna. Bajo este marco, el incremento arancelario podría justificarse como una acción orientada a equilibrar distorsiones del mercado o prevenir prácticas que afecten a la industria local.

No obstante, la misma Carta Magna, en su artículo 416, promueve relaciones internacionales basadas en la cooperación, la integración y el respeto a los tratados suscritos. Ecuador y Colombia forman parte de la Comunidad Andina, organismo que impulsa la libre circulación de mercancías y la eliminación progresiva de restricciones comerciales. Una medida unilateral que altere ese esquema debe ajustarse a los procedimientos comunitarios, como las salvaguardias justificadas técnica y temporalmente.

En el plano internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, si bien no regula directamente la política arancelaria, sí protege derechos como la propiedad privada y la seguridad jurídica. Decisiones económicas que impacten de forma abrupta en inversiones o actividades productivas podrían generar controversias si se consideran desproporcionadas o discriminatorias.

Asimismo, los compromisos multilaterales asumidos ante la Organización Mundial del Comercio establecen que cualquier aumento arancelario debe respetar principios de transparencia, no discriminación y trato equitativo.

La discusión, por tanto, no es únicamente económica. Se trata de armonizar la potestad soberana del Estado con sus obligaciones constitucionales e internacionales. La estabilidad jurídica y la integración regional son factores clave para evitar que la legítima defensa comercial se transforme en una confrontación que perjudique a ambos pueblos y debilite la confianza en el sistema jurídico internacional.

Elio Roberto Ortega Icaza