El difícil equilibrio del nuevo estado de excepción
Written by danilo_3re2RJc on 10/06/2025
El Gobierno ha vuelto a recurrir al estado de excepción, esta vez en diez provincias del país, tras los incidentes derivados del paro convocado por la Conaie contra el alza del diésel. La medida, amparada en el Decreto Ejecutivo 174, busca contener una crisis que amenaza con extenderse y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En este contexto, el decreto aparece como un intento de evitar que el conflicto social escale.
El Ecuador necesita orden, pero también necesita confianza. Y esa confianza solo se construye cuando la autoridad demuestra que su fuerza se usa para proteger, no para intimidar.
El estado de excepción, previsto en la Constitución, permite al Ejecutivo actuar con rapidez frente a los riesgos para la estabilidad nacional. En este caso, se invoca la “grave conmoción interna” para justificar la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La suspensión del derecho de reunión en las provincias afectadas no elimina las manifestaciones pacíficas, pero las condiciona a que no afecten los derechos del resto de la población.
El decreto tiene una duración de 60 días y podría levantarse antes si las condiciones lo permiten. En ese tiempo, el desafío será evitar los excesos y garantizar que la aplicación de la norma no derive en abusos. El Gobierno sostiene que la prioridad es proteger la vida, el libre tránsito y el funcionamiento de los sectores estratégicos, como energía, salud y transporte. Para un país que ha vivido repetidas crisis sociales y bloqueos, mantener esos servicios es esencial.
La experiencia de los últimos años ha demostrado que los estados de excepción generan debate, sobre todo cuando la Corte Constitucional los revisa con lupa. De hecho, este decreto se dicta luego de que el alto tribunal anulara una medida similar en cinco provincias. Por eso, la legitimidad del actual dependerá no solo de su sustento jurídico, sino también de su proporcionalidad y eficacia.
Las protestas, que ya dejan un fallecido y más de un centenar de detenidos, reflejan una tensión acumulada entre la necesidad de ordenar las finanzas públicas y la sensibilidad social ante los subsidios. Noboa apuesta por mantener su plan económico y, al mismo tiempo, evitar que el país se paralice. La tarea no es sencilla: gobernar en medio del conflicto exige firmeza, pero también prudencia.
En momentos así, la respuesta del Estado debe ser doble: aplicar la ley con serenidad y abrir canales de diálogo con quienes hoy protestan. La seguridad y la convivencia no son objetivos opuestos, sino complementarios. El Ecuador necesita orden, pero también necesita confianza. Y esa confianza solo se construye cuando la autoridad demuestra que su fuerza se usa para proteger, no para intimidar.
El nuevo estado de excepción será una prueba para el Gobierno. Si logra mantener la paz sin desbordes y con respeto a los derechos, habrá mostrado que la firmeza puede convivir con la sensatez. En un país cansado de los extremos, ese equilibrio sería una buena señal.
