Sin justicia no hay seguridad en Ecuador
Written by danilo_3re2RJc on 05/05/2026
Una mañana de un sábado, los vecinos de un barrio del norte de Quito se reunieron con la Policía para coordinar cómo mejorar la seguridad.
Los residentes reclamaron por qué los delincuentes siempre salen libres de la cárcel, luego de haber sido detenidos infrangantis. La respuesta de la Policía los dejó perplejos: los ladrones, arranchadores, asaltantes y todos los demás son dejados libres por la justicia. La reacción fue de impotencia e incredulidad.
Sin una justicia que actúe, la seguridad se vuelve promesa vacía.
Esta realidad pone de manifiesto que Ecuador adolece de una justicia plena, oportuna, transparente, ágil y libre de presiones o amenazas.
Este domingo 3 de mayo de 2026, nueve provincias y cuatro cantones de la Sierra entraron a un toque de queda para combatir el crimen organizado y los grupos delincuenciales, para reducir los delitos y mejorar la seguridad.
Así como se observó en el toque de queda anterior, seguramente veremos que la Policía y los militares apresarán a cientos de ciudadanos. Sin embargo, ¿habrá garantía de que la justicia los procese como se debe? Los ciudadanos dudan. Tampoco se trata de tener cientos de presos en las cárceles para mejorar la seguridad, ya que esa no es la solución.
Esta situación debe conducir a las autoridades y a la sociedad civil a repensar cómo rescatar al sistema judicial ecuatoriano de las manos del crimen organizado (el caso Metástasis es un ejemplo), de las presiones políticas, de los repartos de poder y de los intereses privados.
Es imperativa una depuración de la justicia, empezando por el Consejo de la Judicatura, que no ha cumplido su función y que también ha estado involucrado en escándalos.
No hay que empezar de cero, sino aprovechar a los buenos jueces y funcionarios que sabe cumplir con su rol y que no se han dejado manipular o presionar por narcos o delincuentes por fallos a su favor. Se debe proteger a esos funcionarios probos, se debe destinar más inversión para mejorar el acceso a este servicio y es obligatorio depurar a esos malos funcionarios que liberan a los delincuentes.
La institucionalidad de la justicia debe ser rescatada y es obligación de las autoridades hacerlo, dejando a un lado los intereses partidistas y privados.
