La crisis vial de Ecuador golpea al sistema de salud y a la economía
Written by danilo_3re2RJc on 05/07/2026
Durante el reciente feriado, los siniestros viales volvieron a la conversación en Ecuador. Al menos cuatro siniestros de tránsito dejaron doce heridos y un fallecido, el 1 de mayo de 2026. Días después, otro siniestro en la autopista General Rumiñahui, en Quito, dejó un fallecido y dos heridos más.
La escena se repite a diario: ambulancias, vías cerradas, hospitales que no paran de recibir heridos. Las familias enfrentan gastos y trámites inesperados. Sin embargo, Ecuador sigue tratando la siniestralidad vial como una suma de hechos aislados y no como lo que ya es: una crisis estructural de salud pública.
Hoy, uno de cada cuatro pacientes atendidos en emergencias públicas llega por un siniestro de tránsito. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) procesados por la Coalición Movilidad Segura, estas atenciones representaron el 26% en 2025 y el 25% en enero de 2026.
Los siniestros viales en Ecuador son la segunda causa de atención médica en la red pública, solo detrás de eventos clínicos. El dato debería provocar alerta nacional. Pero la discusión pública sigue siendo superficial y episódica. Se conoce el siniestro del día. Pero, ¿Qué ocurre con las condiciones que hacen que estos siniestros sigan aumentando en gravedad?
Porque ese es otro dato preocupante: entre 2021 y 2025, los siniestros viales en Ecuador registrados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) bajaron 4,7%, pero aumentaron los heridos y fallecidos. Es decir, hay menos choques, pero más graves.
La ANT registra únicamente los fallecidos en el sitio del siniestro. Luego, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) consolida las defunciones ocurridas posteriormente en hospitales o durante la atención médica. Ahí aparece la verdadera dimensión del problema.
En 2024, la ANT reportó 2 302 fallecidos en el lugar del accidente. Pero el INEC registró 4 108 muertes relacionadas con siniestros viales. La diferencia revela que el 44% murió después del impacto, ya sea durante el traslado o en hospitales. Ese dato no solo muestra la gravedad de los siniestros; también evidencia la presión que soporta el sistema sanitario.
Cada víctima grave implica ambulancias, quirófanos, rehabilitación y atención prolongada en hospitales públicos que ya operan con limitaciones. El problema dejó de ser exclusivamente vial hace tiempo.
La dimensión económica también es considerable. Según estimaciones del Banco Mundial, Ecuador pierde 5 482 millones de dólares al año por siniestralidad de tránsito, equivalente al 5,02% del PIB. Solo la atención directa a víctimas representa 280 millones de dólares anuales para el Estado, entre atención médica, compensaciones y costos administrativos.
Pero el impacto no termina ahí. Muchas familias se endeudan, venden bienes o caen en pobreza tras enfrentar gastos médicos y pérdida de ingresos. Los siniestros viales también profundizan desigualdades.
La evidencia muestra además que la gravedad no depende únicamente de la conducta individual. El estudio de la Escuela Politécnica Nacional encontró que los siniestros ocurridos en zonas rurales, durante la madrugada y en la Amazonía tienen mayor probabilidad de terminar en muerte o lesiones graves. Influyen factores estructurales: carreteras deterioradas, menor iluminación, exceso de velocidad, escaso control y tiempos de respuesta más largos.
Por eso resulta insuficiente seguir reduciendo el debate a campañas ocasionales o llamados a ‘conducir con prudencia’. Ecuador necesita una política integral de seguridad vial que incluya infraestructura segura, fiscalización sostenida, atención prehospitalaria eficiente y sistemas de datos integrados.
Mientras eso no ocurra, el país seguirá contando los fallecidos y heridos después de cada tragedia y los hospitales continuarán llenándose de víctimas que pudieron no existir.
