Yasuní ecoturismo: biodiversidad, conflictos y resiliencia comunitaria en la Amazonía ecuatoriana

Un territorio de vida y tensiones               

El Parque Nacional Yasuní (PNY), está ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, visitarlo puede llegar a ser una experiencia mágica, al admirar la extraordinaria biodiversidad, pero también este territorio es uno de los más tensionados  por la expansión de las actividades extractivas, los cuales, ocasionan, retos ambientales, sociales y económicos, debido a la intervención humana.

¿Sabías que la Reserva de Biosfera Yasuní, declarada por la UNESCO en 1989, tiene una extensión de 27 567 km²? Esta área alberga 411 comunidades y más de 200 000 habitantes, principalmente de las nacionalidades Kichwa, Waorani y Sapara, además de comunidades colonas. En su zona intangible, habitan dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenane, cuya existencia depende de la protección territorial (MAE, 2025). En el núcleo de la RBY se encuentra el PNY, con 10 300 km² de selva tropical y en más de un millón de hectáreas alberga una impresionante variedad de especies de flora y fauna, convirtiéndolo en uno de los ecosistemas más biodiversos y únicos del planeta y en apenas 25 hectáreas, se puede encontrar, más de 600 especies de aves, 173 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles, 150 especies de anfibios, 499 peces y más de 2.000 especies de árboles (Bass et al., 2010).

Yasuní simboliza actualmente un dilema estructural, porque tenemos un país que depende de la extracción petrolera para afianzar su economía, mientras que la supervivencia ecológica depende de la conservación de los ecosistemas. En el 2023 tras una histórica consulta popular aprobada por la corte constitucional del Ecuador, el pueblo ecuatoriano decidió poner fin a la extracción petrolera en el Bloque 42-ITT del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, el incumplimiento de esta decisión por parte del gobierno ha evidenciado la fragilidad de las políticas ambientales y la necesidad de repensar los modelos de desarrollo y gobernanza territorial.

Un territorio de vida, tensiones y contradicciones

Mi visita al Yasuní fue una experiencia transformadora. Más allá de la maravillosa selva y la diversidad de su fauna, este territorio revela un entramado complejo de conflictos ambientales, desigualdades sociales, procesos de resiliencia comunitaria. 

En las riberas del río Napo, por ejemplo, la erosión se ha intensificado por la velocidad de las embarcaciones y las crecidas súbitas por las intensas lluvias ha alterado ecosistemas acuáticos y afectado la pesca local. Durante el recorrido por el río Napo, se puede fácilmente observar las “playas”, esto es un proceso de sedimentación que no solo deteriora la calidad del agua, sino que altera hábitats acuáticos, afectando la base de subsistencia de comunidades pesqueras (Villarreal, Jaya, Coronel & Couto, 2021). Frente a ello, se han recuperado prácticas ancestrales como la siembra de especies nativas —el chíparo (Zygia longifolia)— para estabilizar orillas, reducir la erosión y proteger los ecosistemas ribereños.

A estos impactos se suma la contaminación proveniente de la explotación minera formal e informal, evidenciada por la presencia de metales pesados como cadmio, plomo, cobre y mercurio, en los afluentes lo cual es otra amenaza para la salud del ecosistema acuático (Reyes 2025), y sobre todo pone en riesgo la salud y la seguridad alimentaria, porque las comunidades dependen de estos recursos hídricos para actividades como la agricultura, la pesca y el turismo.

La minería tanto formal como informal, la agricultura no sostenible y el cambio climático, han provocado la deforestación, la erosión del suelo y la alteración de los hábitats, afectando directamente a los ríos Jatunyacu, Anzu y Piocullin. El extractivismo a través de la explotación de los recursos naturales, no solo degrada los ecosistemas, sino que reproduce estructuras patriarcales, militariza los territorios y restringe la autonomía de las mujeres amazónicas, debido a que estas actividades se basan en un modelo de despojo a las comunidades a través de la violencia y que finalmente, las mujeres y los pueblos originarios terminan cuidando de sus comunidades afectadas por los daños ambientales y sociales causados por estos proyectos.

Esta reconfiguración de los territorios y relaciones sociales. Desde la época colonial en el siglo XVI pasando la fiebre del caucho y la irrupción petrolera en el siglo XX, el Yasuní y sus comunidades han sido desplazados y violentados. Frente a ello, los pueblos amazónicos reivindican el Kawsak Sacha o “Selva Viviente”, que reconoce a la selva como un ser con agencia y guardianes espirituales. Este principio se conecta con el Sumak Kawsay, plasmado en la Constitución de 2008, y cuestiona las actividades extractivistas y rentistas impuestas y propone un equilibro ser humano y naturaleza (Coba & Bayón, 2020).

Turismo comunitario en el Parque Nacional Yasuní: una alternativa con rostro femenino

El ecoturismo no es solo una alternativa económica: es una apuesta alterna frente a la minería, el petróleo y la deforestación. Este modelo comenzó hace más de 35 años con lodges pioneros como Sacha y La Selva, y con el Flotel Orellana. Actualmente, según la zonificación de sitios de visita dentro del parque, se han identificado seis áreas principales: Indillama, Nueva Providencia, Añangu, Tambococha, Mandarapinga y Shiripuno.

Según el MAE (2019) el turismo ha venido evolucionando desde el año 2000, en este año, el PNY recibió solo 130 turistas, pero esta cifra se incrementó a 3 000 en 2010, alcanzando un máximo de 13 876 visitantes en 2014 y 11 213 en 2019.  Esta tendencia al alza demuestra la creciente popularidad del parque, especialmente entre los turistas interesados en la observación de fauna, el ecoturismo y las experiencias inmersivas en la selva que incluyen paseos en bote por los ríos y visitas a las comunidades locales. A través de estos recorridos, los turistas no solo disfrutan de la biodiversidad única del lugar, sino que también contribuyen al desarrollo económico y la conservación de la zona, al participar en actividades que promueven el ecoturismo sostenible.

De acuerdo con Valdez et al. (2021), el turismo en las áreas protegidas de Ecuador ha experimentado un crecimiento exponencial desde el año 2012. Ese año, el Ministerio del Ambiente (MAE) implementó la gratuidad de acceso al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), con la excepción del Parque Nacional Galápagos. Esta medida contribuyó a un aumento significativo en el número de visitantes, alcanzando 796.044 personas en 27 áreas protegidas, con una notable mayor afluencia de turistas nacionales. Actualmente, operan 21 empresas turísticas (14 privadas, 3 comunitarias y 4 informales), distribuidas en seis zonas: Indillama, Nueva Providencia, Añangu, Tambococha, Mandarapinga y Shiripuno (MAE, 2025). Este crecimiento revela tanto oportunidades económicas como desafíos de regulación, distribución equitativa de beneficios y control de impactos ambientales.

El Caso de la Comunidad Kichwa de Añangu y el liderazgo de la Mujer amazónica

Un aspecto destacable del turismo en el PNY es el modelo de ecoturismo comunitario implementado por varias comunidades dentro del parque, como la comunidad kichwa de Añangu, quienes administran el Napo Cultural Center y el Napo Wildlife Center, ejemplos de cómo las comunidades han adoptado una gestión mixta, y reinvierten utilidades en turismo, salud, educación e infraestructura. La gobernanza es comunitaria: las decisiones se toman en asamblea y los ingresos se distribuyen proporcionalmente.

Aunque la administración sigue estando liderada principalmente por hombres en áreas como la cocina y las actividades turísticas. En los últimos años, las mujeres han asumido un papel protagónico, como administradoras de turismo, esta tendencia refleja un cambio cultural en el que las mujeres asumen roles antes dominados por los hombres, especialmente en la gestión de residuos, alimentación y el desarrollo de proyectos turísticos. El empoderamiento de las mujeres en la comunidad ha sido clave para transformar la estructura económica y social del ecoturismo en la Amazonía ecuatoriana. Este proceso no solo redistribuye ingresos, sino que cuestiona estructuras patriarcales y abre camino a una mayor equidad. El ecoturismo comunitario en la Amazonía se está convirtiendo en un acto transformador.

Para mí, este es uno de los aspectos más interesantes de mi visita fue observar cómo las dinámicas sociales y económicas están cambiando en las comunidades del Yasuní, especialmente en cuanto al empoderamiento de la mujer. En el pasado, las mujeres desempeñaban un papel secundario en las actividades económicas debido a las demandas del hogar y la crianza de los hijos.

Este cambio refleja un proceso de resiliencia y pluriactividad, que busca generar una mayor equidad en el reparto de oportunidades económicas dentro de la comunidad. En la RBY, el 52% de la población local realiza actividades de agricultura, pesca y silvicultura (INEC 2010).

La RBY tiene un comité de gestión (CGRBY) que agrupa a múltiples actores relevantes y permite que haya un espacio de coordinación, articulación y representación de los diversos actores públicos, privados y comunitarios con el fin de proteger y fomentar la sostenibilidad de la Reserva de Biosfera (MAE 2025).

El rol ambivalente de las ONGs

Las ONGs han tenido un papel dual en el Yasuní. Muchas han apoyado procesos de conservación, gestión comunitaria y ecoturismo, aportando recursos, visibilidad y acompañamiento técnico. Gracias a ello, comunidades como Añangu han podido consolidar proyectos sostenibles y resistir presiones extractivas.

Pero también existen críticas: algunas ONGs se han aprovechado de la cultura indígena para captar fondos internacionales, promoviendo narrativas simplificadas que convierten a las comunidades en exóticas, más que en actores políticos. En esos casos, la cooperación reproduce una nueva forma de extractivismo simbólico.

La diferencia la marcan aquellas ONGs que trabajan con horizontalidad y respeto a la autodeterminación comunitaria, en contraste con las que subordinan los intereses locales a las exigencias de donantes externos.

Derechos humanos y protección internacional: el caso Tagaeri–Taromenane

El 30 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso “Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario vs. República del Ecuador”.

La Comisión alegó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por las violaciones a los derechos de estos pueblos en el marco de proyectos que afectaron sus territorios, recursos y modos de vida. El expediente documenta tres episodios de muertes violentas (2003, 2006 y 2013), además de la falta de medidas de protección para dos niñas sobrevivientes en 2013.

Este caso demuestra que el Yasuní no es solo un asunto ambiental o turístico, sino también un tema de derechos humanos internacionales. Los pueblos en aislamiento voluntario constituyen los grupos más vulnerables de la Amazonía y su protección exige priorizar la vida y la autodeterminación sobre cualquier interés extractivo.

Marcos legales e institucionales: entre la norma y la práctica

El Ecuador cuenta con instrumentos relevantes: la LOREA (2018), que promueve actividades no extractivas; el Código Orgánico del Ambiente (2018), que regula conservación y uso del agua; y el RETANP, que establece zonificación turística y control de impactos (Greene & Sáenz, 2017).

A nivel internacional, el Tratado de Cooperación Amazónica (1978) reconoce al turismo como herramienta de desarrollo, siempre que se respete la diversidad cultural y ecológica. En el plano local, el Comité de Gestión de la RBY articula comunidades, Estado, ONGs y academia. Sin embargo, surgen conflictos ocasionados por la falta de control a la minería ilegal, la débil consulta previa y la fragmentación de proyectos siguen limitando la efectividad de la gobernanza.

De “islas turísticas” a corredor amazónico

El sector agrícola en Añangu también enfrenta desafíos debido a la presión del extractivismo, que ha contribuido a la erosión del suelo y la alteración de los ecosistemas locales. A pesar de estas dificultades, la comunidad ha desarrollado estrategias de producción sostenible, cultivando cacao, yuca y plátano, productos que comercializan con operadores turísticos como el Napo Wildlife Center. Además, el manejo del recurso hídrico es una prioridad en Añangu, por lo que han implementado sistemas de tratamiento y gestión del agua para garantizar su calidad y disponibilidad, minimizando los impactos ambientales y asegurando su uso responsable. En Añangu, el NWC ha implementado un sistema de tratamiento de agua proveniente de fuentes como la laguna de Añangu, donde el agua es filtrada antes de ser consumida. No obstante, las viviendas aún enfrentan la necesidad de actualización en términos de infraestructura y tecnología, como el acceso a paneles solares que actualmente no funcionan.

A pesar de estos desafíos, las comunidades amazónicas han implementado estrategias de conservación, como su participación en el proyecto Sociobosques, un modelo de gestión comunitaria que promueve la protección de los recursos naturales mediante incentivos económicos.

El reto es superar lo que Greene y Sáenz (2017) denominan “islas turísticas”: proyectos exitosos, pero aislados, sin conexión con un corredor amazónico integral. La oportunidad está en construir rutas fluviales y terrestres articuladas, con estándares de capacidad de carga, tratamiento de aguas, certificación de operadores y protocolos culturales comunes. Así mismo, las alianzas entre comunidades, universidades y operadores privados podrían potenciar la ciencia ciudadana y generar datos abiertos sobre biodiversidad, erosión y cambio climático, útiles para decisiones de políticas públicas y para el propio marketing del ecoturismo sostenible.

Cinco decisiones urgentes para el Yasuní

1. Regular la navegación fluvial, estableciendo límites de velocidad y franjas de uso.
2. Eliminar la minería ilegal con monitoreo comunitario y sanciones efectivas.
3. Fondo amazónico mixto para infraestructura crítica: agua, energía renovable y conectividad responsable.
4. Certificación amazónica de turismo comunitario y privado, garantizando redistribución y respeto cultural.
5. Alianzas ciencia-comunidad, con universidades nacionales e internacionales que fortalezcan la investigación y el monitoreo.

Reflexión final

El Yasuní es un espejo de Ecuador: biodiverso, diverso culturalmente, pero tensionado por decisiones de corto plazo. El ecoturismo comunitario, con liderazgo femenino y gobernanza participativa, ofrece una ruta distinta: desarrollo con límites, identidad y futuro.

No se trata de escoger entre petróleo y turismo, sino de asumir que el extractivismo tiene fecha de caducidad y que la selva es motor de resiliencia si se la gestiona con visión de largo plazo.

El Yasuní no es solo patrimonio nacional: es un patrimonio del mundo. Protegerlo es una decisión de país, y el ecoturismo comunitario puede ser la llave para reconciliar desarrollo, cultura y naturaleza.