La lectura como derecho humano

La propuesta realizada en esta columna fue editorializada por El Comercio. La idea es muy simple: reivindicar la importancia de la lectura como parte substancial de la vida humana -y no solo como requerimiento escolarizado-, en la sociedad ecuatoriana.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados por las Naciones Unidas, y en la Constitución del Ecuador, la lectura está implícita en el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Surge, entonces, la pregunta: Si la lectura no consta de manera explícita en las normas mencionadas, ¿es exigible este derecho humano fundamental?

Los resultados son evidentes. Si comenzamos por la semántica, la lectura no ha sido considerada como un derecho humano, pero sí integrada a los procesos escolares de la lecto-escritura, en los primeros años de escolaridad. El plan de estudios de educación básica así lo refleja. La asignatura se denominaba “Lectura y Comunicación”, y hoy “Lengua y Literatura”. Las Pruebas PISA -en las que participó el Ecuador en 2018- midió la competencia lectora, y se enfocó en la habilidad de “leer para aprender” en lugar de “aprender a leer”.

La lectura, en el contexto curricular, subsiste como una competencia lingüística; es decir, como el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona comprender, producir y usar el lenguaje de manera adecuada y eficaz en distintos escenarios.

Y en el contexto cultural, el lenguaje es una herramienta fundamental que no solo permite la comunicación, sino que también actúa como un reflejo y vehículo de la cultura, como el ser y el modo de ser de los pueblos. El lenguaje y la cultura están intrínsecamente relacionados, cada uno influyendo y moldeando al otro. A través del lenguaje, las personas transmiten sus ideas, creencias, valores y tradiciones.

Pero, en ningún documento oficial se habla de la lectura como derecho humano. Se la inscribe como algo “implícito” en la educación y la cultura. Sin desconocer el trabajo que ejecuta el sistema educativo en las aulas es importante promover la lectura como un derecho inherente a la condición humana, precepto que debe constar en el texto constitucional y leyes conexas.

Quienes defienden el estatus actual de la lectura -que se halla “fundida” en la educación y la cultura-, reconocen que al Estado le ha faltado voluntad política y líderes apasionados por el libro y la lectura. Esta situación ha llevado al Ecuador a una situación más grave: la formación de analfabetos funcionales en toda la escala social y económica. Quienes apoyan la estrategia de la lectura como derecho humano sienten la incertidumbre que este derecho puede quedar en palabras y no se aplique.

Hay razones para ser optimista. Porque cuando se reconozca a la lectura como derecho humano, en forma explícita, servirá no solo como referente socio-educativo-cultural, sino como obligación legal y ético de cumplir y hacer cumplir la norma -mediante leyes y ordenanzas-, que servirán de base para el diseño y ejecución de políticas públicas de lectura -de Estado y no de Gobierno-, así como programas y proyectos de fomento del libro y la lectura.

Pero si Estado no da señales de voluntad política en materia de lectura, la sociedad civil -con derechos en los hechos- puede organizarse y comenzar a actuar mediante una legión de lectores silenciosos y apasionados, en la batalla cultural más sublime, con las armas más poderosas: los libros.