¿Dónde está el dinero de los demás?

Un político ecuatoriano en el siglo XX -el abogado Vladimiro Álvarez- preguntó en el parlamento: ¿Dónde está la plata? Esta pregunta todavía resuena con fuerza. Se han publicado datos, cuadros, estadísticas, pero las cifras no han “cuadrado” con la realidad, es decir, con el bolsillo de los ciudadanos.

La interrogante sigue vigente, en especial para la gente de a pie, que siente con preocupación cómo los dineros públicos, que corresponden a los ciudadanos, son administrados por los sucesivos gobiernos -unos con transparencia, otros con opacidad-. Y el saldo es conocido: más deuda y menos prosperidad.

En algún código del Ecuador existía una frase de resonancia bíblica: que el erario nacional debe ser administrado como lo hace un buen padre de familia. Es decir: producir bienestar con trabajo honesto, distribuir los bienes con equidad, sin privilegios; ahorrar para los tiempos de vacas flacas, y asegurar el porvenir de la prole con previsión y austeridad.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Los gobiernos -hay que reconocerlo- administran dinero ajeno, el del público, y regulan el dinero particular mediante sistemas que garantizan la idoneidad y legalidad de ese dinero.

Los controles, sin embargo, no bastan. Los informes de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía delatan frecuentes casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho, asociación para delinquir, tráfico de influencias y delitos informáticos de diversa laya que ofenden al país. Y lo peor es que, pese a las sentencias ejecutoriadas, los dineros hurtados no regresan a las arcas fiscales, o regresan en mínimos porcentajes. ¡Y el Estado es el eterno perdedor! Ergo, el dinero de los demás se ha esfumado, como dice el pueblo.

Sin embargo, la ciudadanía no entiende cómo miles de ciudadanos y ciudadanas se organizan para servir al país, cuando se acercan las elecciones. Y antes de los eventos electorales brillan por su ausencia. ¿Cuántos de ellos se sacrifican de veras por los altos objetivos nacionales, regionales o locales, o ven el servicio público como un método de inversión particular? ¿Cómo diferenciar el liderazgo genuino y democrático, de la maquinaria electorera que busca réditos deleznables?

Hay acciones en esa línea, como los debates públicos, las declaraciones de patrimonios y los informes sobre problemas con la justicia. Todo eso está bien, pero hay que insistir en otros mecanismos para enfrentar la corrupción: la eliminación y sanción de los cambios de camisetas partidistas; el fortalecimiento de los partidos políticos, con participación de las universidades; y la instalación de veedurías ciudadanas, antes, durante y después de toda gestión pública, para lograr transparencia y rendición de cuentas, no en hoteles de lujo, sino a través de cabildos ampliados.

Se supone que el dinero de los demás es sagrado, tan sagrado como el sueldo que recibe un trabajador o el ingreso de una persona que vende baratijas en la calle para sobrevivir. ¡El dinero de los demás debe financiar los servicios públicos de calidad (salud, nutrición, educación y empleo), y formar parte de las reservas del Banco Central!

En este punto una propuesta decente: que todos los candidatos aprueben cursos básicos de Historia del Ecuador, derecho constitucional, leyes de contratación pública, ley de los GADs, gobierno electrónico, técnica jurídica, desarrollo humano sustentable, sistemas económicos, financieros, presupuestarios… y ética civil, entre otros.

Y que el dinero de los demás se respete a través de una justicia seria, equitativa, sin privilegios ni favoritismos; imparcial, objetiva, sin influencias externas ni prejuicios; transparente, accesible y abierta al público; consistente, es decir, según normas objetivas y adjetivas, que se apliquen de manera uniforme para evitar arbitrariedades, basadas en criterios racionales y no en intereses personales o políticos, con rendición de cuentas.