Cartas a Quito / 24 de abril de 2026

Extorsión: una amenaza silenciosa que golpea a la sociedad ecuatoriana

En los últimos años se ha vuelto frecuente que personas reciban llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp en los que desconocidos exigen sumas de dinero bajo amenazas de causar daño a la víctima, a sus familiares o a sus bienes. Esta modalidad delictiva se ha convertido en una estrategia utilizada por grupos delincuenciales que buscan sembrar miedo para obtener beneficios económicos de manera ilegal.

Lo más preocupante es que en ciertos casos se ha detectado la participación de menores de edad que son utilizados por organizaciones criminales para realizar estas llamadas o enviar mensajes intimidatorios. Esta realidad evidencia cómo el delito no solo afecta a las víctimas directas, sino que también arrastra a jóvenes hacia caminos contrarios a la ley y a la convivencia social.

Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia elevamos una reflexión sobre una problemática que preocupa cada día más a la ciudadanía ecuatoriana: el delito de extorsión, una práctica ilícita que se ha extendido en diversas ciudades y comunidades del país, afectando la tranquilidad de familias, comerciantes y trabajadores.

Desde la óptica del Derecho Penal ecuatoriano, la extorsión constituye un delito claramente sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece penas privativas de libertad que pueden incrementarse cuando existen circunstancias agravantes, como el uso de amenazas graves, la participación de varias personas o la pertenencia a estructuras delictivas organizadas. Además de la pena de prisión, el responsable debe responder con multas y con el pago de la reparación integral a favor de la víctima, conforme a los principios del sistema de justicia penal.

En el ámbito de la investigación criminal, la Criminalística enseña que ningún delito es perfecto. Siempre queda un indicio, un rastro, una evidencia que permite reconstruir los hechos y acercarse a la verdad. Los avances tecnológicos y los mecanismos de investigación permiten hoy rastrear comunicaciones, identificar dispositivos y seguir la huella digital que dejan los delincuentes.

No obstante, uno de los mayores desafíos sigue siendo el silencio de muchas víctimas. El temor a represalias provoca que numerosos casos no sean denunciados. Sin embargo, la ley ecuatoriana reconoce y garantiza los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, brindándoles protección, acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral.

La denuncia oportuna, la acción firme de las autoridades y la conciencia ciudadana son pilares fundamentales para enfrentar este delito. Solo mediante el compromiso de todos podremos fortalecer el respeto a la ley y avanzar hacia una sociedad más segura, justa y comprometida con la cultura de la paz.

Elio Roberto Ortega Icaza