Lo que pasa en las calles de Quito preocupa

Un recorrido reciente de EL COMERCIO, difundido en un reel el 22 de abril de 2026, volvió visible una escena cotidiana en Quito: conductores —de transporte público y privado— que evaden señales, invaden carriles o desobedecen normas básicas de tránsito. No es un hecho aislado. Es un patrón.

El problema no es solo la infracción. Es la normalización de la infracción.

En las imágenes, peatones —los actores más vulnerables del sistema de movilidad— quedan expuestos a decisiones que se toman al volante en cuestión de segundos. Cruces sin respeto al semáforo, giros indebidos, exceso de velocidad. Todo ocurre en la superficie visible de la ciudad, muchas veces a pocos metros de agentes de tránsito.

La reacción en redes sociales fue inmediata. El contenido se viralizó y los comentarios apuntaron, en buena medida, hacia los uniformados. Usuarios reclamaron falta de control efectivo y cuestionaron que varias de estas infracciones ocurren frente a autoridades sin consecuencias aparentes. Esa percepción no puede ser desestimada: la confianza en la autoridad se construye, en gran medida, desde la presencia y la acción.

Pero la discusión no puede quedarse ahí.

El control es una pieza clave, pero no es la única. La movilidad es un sistema donde interactúan múltiples actores: conductores, peatones, autoridades. Cuando uno falla, el sistema se resiente. Cuando fallan varios al mismo tiempo, el resultado es el siniestro.

En Quito, como en muchas ciudades de la región, el tránsito se ha convertido en un espacio de tensión permanente. La prisa, el estrés urbano y la falta de cultura vial generan condiciones propicias para el incumplimiento. En ese contexto, el control en calle adquiere un rol preventivo, no solo sancionador. La presencia activa de agentes puede disuadir conductas de riesgo antes de que se traduzcan en accidentes.

Sin embargo, el debate suele tensionarse en otro punto: las sanciones. En los comentarios al video, varios usuarios pidieron multas más severas. Pero cuando estas se implementan —como ocurrió con los controles de velocidad en Quito— la reacción también puede ser de rechazo. La contradicción es evidente: se exige control, pero se cuestiona la sanción.

Esto revela un problema más profundo: la relación entre norma y comportamiento. Las leyes de tránsito no solo existen para castigar, sino para ordenar la convivencia en el espacio público. Su efectividad depende tanto de su aplicación como de su aceptación social.

A escala global, los siniestros de tránsito son considerados un problema de salud pública. No solo por el número de víctimas, sino por su impacto en sistemas de salud, productividad y calidad de vida. Reducirlos implica una combinación de factores: infraestructura adecuada, control efectivo y cultura ciudadana.

Quito no es ajena a ese desafío.

Intensificar el control en calle es necesario. Pero también lo es asumir que cada decisión al volante tiene consecuencias que van más allá de quien conduce. La movilidad no es un acto individual. Es un ejercicio colectivo.

Y en ese ejercicio, el respeto no debería ser opcional.