Impunidad recetada
Written by danilo_3re2RJc on 08/11/2025
Por años, la compra de medicinas e insumos en hospitales públicos ha sido terreno fértil para la corrupción. Entre 2018 y 2019, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó denuncias documentadas: listados de proveedores, nombres de presuntos responsables, montos precisos. La cifra es increíble: 240 millones de dólares repartidos entre 174 proveedores. Es dinero que debió convertirse en tratamientos y vidas salvadas, pero terminó enriqueciendo indebidamente a unos pocos.
Siete años después, esos casos enfrentan el plazo fatal de la prescripción. Se alega que “no hay méritos” para seguir con las causas. Pero para la Comisión, esa conclusión llega sin que se haya investigado a fondo.
La indignación ciudadana debería ser proporcional al monto perdido y al daño causado. No son cifras abstractas. Esos 240 millones de dólares son camas que no se compraron, medicinas que no llegaron, operaciones que no se realizaron.
El patrón que denuncia la Comisión tiene varias características: las responsabilidades se cargan sobre funcionarios operativos, es decir, sobre los eslabones más débiles, mientras que -a su criterio- los verdaderos beneficiarios de la trama permanecen a salvo. Para esta organización de la sociedad civil se trataría de una cadena de impunidad sin solución.
La historia se repite. Lo que se denuncia hoy no es nuevo: es la continuidad de un despojo que, según la Comisión, no ha desaparecido. El pasado 4 de agosto, entregaron a las autoridades del IESS y del Ministerio de Salud un informe actualizado. La comisión se lamenta de que, si ese documento corre la misma suerte que las denuncias anteriores, acabará como otro expediente más en la morgue de la burocracia.
La historia se repite. Lo que se denuncia hoy no es nuevo: es la continuidad de un despojo que, según la Comisión, no ha desaparecido. El pasado 4 de agosto, entregaron a las autoridades del IESS y del Ministerio de Salud un informe actualizado. La comisión se lamenta de que, si ese documento corre la misma suerte que las denuncias anteriores, acabará como otro expediente más en la morgue de la burocracia.
No es exagerado hablar de una “impunidad recetada”. Las causas prescriben no por accidente, sino por omisiones y dilaciones. Según la Comisión, hay un devenir que sigue un curso: dejar que el tiempo haga su trabajo y, cuando la fecha límite esté a la vista, los procesos se archivan.
La indignación ciudadana debería ser proporcional al monto perdido y al daño causado. No son cifras abstractas. Esos 240 millones de dólares son camas que no se compraron, medicinas que no llegaron, operaciones que no se realizaron.
El desafío es romper este ciclo. Mientras estos patrones se manifiesten, la corrupción seguirá gozando de buena salud. Y en el país, la justicia, como los pacientes que nunca recibieron sus tratamientos, seguirá en estado crítico.
