Evaluar la gestión económica con consistencia

Al cumplirse el primer año del segundo periodo de gobierno, el informe presidencial nos confronta con la habitual referencia al dato aislado y la fría estadística agregada. Sin embargo, una rendición de cuentas con consistencia no puede ser un simple inventario de leyes aprobadas, decretos emitidos o variaciones decimales en las cuentas nacionales. Esas cifras, presentadas sin contraste ni evidencia de veracidad sistémica, resultan deleznables para el análisis estructural.

El verdadero sentido de la evaluación económica radica en desentrañar la racionalidad en la utilización de los recursos frente a las necesidades sociales urgentes. El éxito de una política no se mide por el esfuerzo burocrático invertido, sino por su capacidad para transformar las condiciones materiales de existencia de la población. Un método de evaluación apropiado debe interpelar la consistencia entre los fines estrictamente macrofiscales y los efectos redistributivos en el bienestar.

Cabe preguntarse, desde la rigurosidad de la planificación: ¿qué importancia real tienen la disminución del riesgo país, la consecución de un equilibrio fiscal o el cumplimiento de las metas definidas por el FMI si, en el proceso, el nivel de vida de la mayoría se ha agravado y su calidad ha caído en picada?. Cuando la consolidación de las finanzas públicas se logra a costa de deprimir el consumo interno y precarizar el acceso a servicios esenciales, el sistema económico opera bajo una profunda inconsistencia ética y funcional, sacrificando la sostenibilidad social en el altar de la aprobación de los mercados financieros internacionales.

Esta disonancia entre la retórica oficial y la consistencia técnica se evidencia al examinar el estado actual de los problemas estructurales que el gobierno prometió resolver al inicio de su mandato.

El mercado laboral, lejos de dinamizarse, muestra un estancamiento alarmante, donde el empleo adecuado continúa siendo una excepción y el subempleo se consolida como la principal válvula de escape de una fuerza de trabajo precarizada. Esta falta de oportunidades empalma directamente con el deterioro del salario real que, frente a una inflación que encarece silenciosamente la canasta básica, ha erosionado la capacidad de consumo de los hogares, obligándolos a contraer sus niveles mínimos de subsistencia.

El resultado de esta contracción económica no es otro que la profundización de la pobreza multidimensional, que evidencia el colapso en el acceso a educación, salud y servicios públicos básicos en las zonas rurales y urbano-marginales. La justificación gubernamental suele ser la falta de recursos, un argumento que se cae por su propio peso cuando se analiza el comportamiento del sector externo y la inversión. El anunciado “shock” de inversión extranjera directa nunca llegó; los capitales internacionales siguen esquivos, mientras que la inversión nacional se encuentra paralizada por la falta de certezas y un mercado interno deprimido.

Es precisamente en este escenario de fragilidad donde las medidas concretas adoptadas por el régimen revelan su mayor nivel de inconsistencia y su nula racionalidad distributiva. La eliminación de los subsidios a la gasolina, defendida bajo la bandera del ordenamiento fiscal, mutó rápidamente en un shock de costos en cadena que encareció el transporte y los productos agrícolas de primera necesidad Se encarecieron el presupuesto de las clases medias y desprotegidas en beneficio exclusivo de los indicadores de caja del Estado. De igual manera, el incremento intempestivo de aranceles a las importaciones provenientes de Colombia, desnudó la ausencia de una planificación coordinada y el debilitamiento del marco institucional encargado de evaluar las políticas públicas. Lejos de actuar como una medida de protección para la industria local, este arancel encareció drásticamente la estructura de costos de la producción nacional, que depende vitalmente de materias primas y bienes de capital colombianos.

La institucionalidad de la planificación ha quedado reducida a un ente decorativo, incapaz de advertir que una economía que exhibe cuentas públicas ordenadas sobre una sociedad empobrecida y desarticulada no está en vías de desarrollo;  está simplemente administrando, con preocupante eficiencia, su propio declive estructural. En última instancia, la consistencia nos obliga a concluir que gobernar no es cuadrar un balance contable, sino garantizar la reproducción social de la vida