El perdón no reemplaza a la justicia en el caso Malvinas

Hay actos que llegan tarde, pero cuya ausencia sería todavía más grave.

Las disculpas públicas ofrecidas por la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas constituyen uno de esos momentos en los que un Estado se ve obligado a mirarse al espejo. No para contemplar sus virtudes, sino para reconocer sus fracasos.

‘La historia demuestra que los países fortalecen sus democracias cuando son capaces de reconocer sus errores y aprender de ellos. El silencio protege a las instituciones de manera temporal; la verdad las fortalece a largo plazo’.

Durante años, las democracias latinoamericanas han aprendido que la reparación de las víctimas exige mucho más que sentencias judiciales. También demanda memoria, reconocimiento y verdad. Por eso, cuando el comandante de la FAE admitió que el Estado fue responsable de la desaparición y posterior muerte de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, no estaba realizando únicamente un acto protocolario ordenado por la Corte Constitucional. Estaba pronunciando palabras que el país necesitaba escuchar.

La gravedad del caso no radica únicamente en la muerte de cuatro menores de edad. Lo verdaderamente perturbador es que quienes tenían el deber de protegerlos terminaron vulnerando sus derechos fundamentales. Y más grave aún: que posteriormente existieran respuestas fragmentadas, contradictorias y tardías que dificultaron conocer la verdad.

El reconocimiento público de que hubo ocultamiento de información representa un paso relevante. En una sociedad democrática, la confianza en las instituciones no se construye sobre la negación de los errores, sino sobre la capacidad de asumirlos. Ninguna institución pública, por importante que sea para la seguridad nacional, puede colocarse por encima de la ley ni de los principios constitucionales.

Las disculpas dejan una lección incómoda para el país. El Estado reconoció que las versiones oficiales contribuyeron a la estigmatización de las víctimas y de sus familias. Es una admisión que obliga a reflexionar sobre la facilidad con la que determinados sectores sociales son juzgados antes de que existan evidencias.

Con demasiada frecuencia, la pobreza, el origen étnico o el lugar de residencia se convierten en elementos que condicionan la percepción pública de las víctimas. Cuando eso ocurre, la sociedad empieza a normalizar injusticias que jamás toleraría en otros contextos. La igualdad ante la ley deja de ser un principio para convertirse en una aspiración incumplida.

Sin embargo, sería un error interpretar estas disculpas como el cierre de una herida. Las ceremonias tienen valor simbólico, pero no sustituyen las responsabilidades judiciales ni las reformas institucionales necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Las familias de los niños lo entienden mejor que nadie. Por eso, durante el acto, el pedido principal no fue de venganza, sino de justicia. Una justicia que no se limita a castigar a los responsables directos, sino que también exige corregir las estructuras que permitieron el abuso y la posterior falta de transparencia.

El caso Las Malvinas se ha convertido en una prueba para las instituciones ecuatorianas. No solo para las Fuerzas Armadas, sino para todo el aparato estatal encargado de proteger los derechos humanos. El verdadero examen comienza después de las disculpas.

La historia demuestra que los países fortalecen sus democracias cuando son capaces de reconocer sus errores y aprender de ellos. El silencio protege a las instituciones de manera temporal; la verdad las fortalece a largo plazo.

La verdad es indispensable. Pero la justicia sigue siendo la deuda pendiente.