Transparencia y control social

La transparencia es la obligación de todo servidor público de informar sobre su gestión y el derecho de los ciudadanos para acceder, sin restricciones, a esa información y sus documentos de respaldo. A pesar de que la Constitución vigente creó la Función de Transparencia y Control Social, la obligación de transparentar la gestión pública no se ha cumplido. En la práctica, esta Función ha servido principalmente para que los gobiernos de turno, con mayor o menor intensidad, se tomen los organismos de control y administración de justicia mediante la designación de autoridades afines a sus planes, dando como resultado corrupción y la impunidad.

Autoridades y funcionarios de las funciones del Estado, de manera deliberada, no generan la información que les corresponde, omiten su publicación o dificultan su acceso. Estas autoridades, sin duda saben que sin transparencia, el control social no es posible ejecutarlo con eficacia; también deben saber que no serán sancionados por sus acciones u omisiones, por la debilidad de los organismos de regulación, control y administración justicia, debido a la injerencia que ejercen sobre sus titulares.

Frente a esta situación recurrente de falta de transparencia, la ciudadanía no puede esperar la voluntad de los políticos, por lo que insisto nuevamente en mi pedido muchas veces realizado, para que la académica, que cuenta con los mejores profesionales en todas las especialidades y estudiantes cuyo civismo debe desarrollarse: diseñe sistemas o proponga mejoras a los existentes para que produzcan automáticamente información útil y oportuna en las áreas más importantes de la gestión pública; presente a las autoridades de los funciones del Estado con acompañamiento de los medios de comunicación, los gremios de profesionales, la comunidad internacional y otros organizaciones; obtenga el compromiso público para su aplicación; verifique su complimiento e informe a la ciudadanía los resultados obtenidos. La transparencia no es discrecional. Es una obligación que debe ser exigida para ejercer el control social de la gestión pública.

Mario Andrade Trujillo